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Caso de los ERE de Andalucía

Chaves y Griñán insisten que desconocían las irregularidades en los ERE

Durante la lectura de sus escritos de defensa ante el tribunal que juzga el caso en la Audiencia de Sevilla, han alegado que la Intervención no les alertó

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, a su llegada a la Audiencia de Sevilla, este jueves para el juicio del caso de los ERE.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, a su llegada a la Audiencia de Sevilla, este jueves para el juicio del caso de los ERE.

EFE
Actualizada 14/12/2017 a las 19:11
  • EFE

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han insistido en que desconocían posibles irregularidades en las ayudas de los ERE, porque la Intervención no les alertó, durante la lectura de sus escritos de defensa ante el tribunal que juzga el caso en la Audiencia de Sevilla.


Después de que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, permitiera este miércoles que se leyeran los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y el PP-A contra los expresidentes y los otros 20 ex altos cargos de la Junta procesados, la mayoría de los abogados ha decidido que se oigan también en sala sus conclusiones exculpatorias, empezando por los de Chaves y de Griñán.


Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación (el PP-A añade otro de asociación ilícita por el que le pide dos años de cárcel), pide su absolución en el escrito de defensa leído porque "desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas" al no ser ésta su función como presidente -que ejerció durante 19 años-.


"Ni conocía ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación", añade el escrito leído en la segunda sesión del juicio por el que se sienta en el banquillo de acusados.


El otro expresidente socialista, José Antonio Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación porque la Fiscalía y el PP le acusan además de malversación de caudales públicos, defiende también que "todas las actuaciones del Consejo de Gobierno" al respecto de estas ayudas se hicieron con los correspondientes "informes" favorables, y las modificaciones presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento.


Desde ayer se enjuicia la pieza política del caso ERE, sobre el sistema por el que entre 2001 y 2011 el Gobierno del PSOE andaluz repartió más de 854 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma "arbitraria" y "sin control", según la Fiscalía y las acusaciones populares del PP y Manos Limpias.


Chaves, Griñán, seis exconsejeros de sus respectivos gobiernos y otros 14 exresponsables políticos están acusados de crear o mantener este sistema, propiciando que parte del dinero (741 millones según Anticorrupción) acabara en manos de "entidades y personas que no cumplían los criterios" y "en cuantía inadecuada".


Las defensas rechazan la ilegalidad del sistema, por cuanto "jamás" el interventor -también imputado- alertó de ello ni vio "riesgo de menoscabo de fondos públicos".


Los argumentos más repetidos en la sesión de hoy, en la que solo ha dado tiempo a leer los escritos de defensa de ocho acusados (el abogado del exconsejero José Antonio Viera ha renunciado a ello), se han centrado en que "no existe procedimiento específico ni plan preconcebido ni concierto previo" para idear un sistema para que "en Andalucía el dinero de los parados se diera a amiguetes".


"Sospecha ominosa", "conclusiones ridículas", "acusaciones enmarañadas" y "esperpénticas" o "errores garrafales" son algunos de los calificativos usados por los letrados de Chaves, Griñán y los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, para desmontar los delitos por los que se enfrentan a entre dos y diez años de cárcel.


El exinterventor Manuel Gómez, otro de los acusados, durante la instrucción dijo haber realizado varios informes señalando que era "inadecuado" hacer transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a la agencia pública IFA/IDEA -dependiente de Innovación- para que ésta pagara las ayudas (según la Fiscalía para eludir controles), pero no paralizó el sistema porque no vio fraude.


La defensa de Aguayo ha apuntado a "discrepancias entre criterios contables" que la de Vallejo incluso ha calificado de "discusiones bizantinas".

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