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Caso Nóos

El fiscal pide prisión eludible con fianza de 200.000 euros para Urdangarin

En el caso de Diego Torres la petición es la misma pero con una fianza de 100.000 euros

Iñaki Urdangarin, exsocio de Diego Torres, llega a la Audiencia de Palma.

Iñaki Urdangarin, exsocio de Diego Torres, llega a la Audiencia de Palma.

EFE
Actualizada 23/02/2017 a las 11:50
  • Efe. Pamplona

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha pedido hoy al tribunal que dicte prisión eludible con una fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarin, después de su condena a 6 años y 3 meses de cárcel por varios delitos de corrupción y fraude fiscal en el caso Nóos.


En el caso de Diego Torres la petición es la misma pero con una fianza de 100.000 euros, según han informado fuentes de la Fiscalía, que han indicado que la diferencia en la cuantía solicitada responde a la distinta capacidad económica de cada uno de ellos.
 

En la vista de medidas cautelares celebrada este jueves ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que juzgó el caso, las defensas de ambos se han opuesto a las medidas solicitadas y Urdangarin y Torres solo han hecho uso de su turno para hacer suyas las palabras de sus letrados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.


La Abogacía del Estado ha solicitado un embargo y retención de ingresos para Torres.


Por su parte, la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares se ha adherido a las peticiones formuladas por la Fiscalía para ambos condenados, en una vista que ha durado poco más de media hora, y tras la cual las juezas se han retirado a deliberar.


Está previsto que comuniquen este mismo jueves su decisión.


En el caso de Urdangarin, ya ha aportado más dinero del solicitado hoy por la Fiscalía como fianza adicional ya que, según consta en la sentencia, el marido de la infanta ha consignado 1.199.918 euros como responsabilidad civil durante el proceso judicial y la sentencia lo condenó a pagar en total 972.274 euros, de manera que habría una diferencia de 227.644 euros.


Si el tribunal acuerda la fianza solicitada por la Fiscalía, aún restarían 27.644 euros de lo aportado ya por el marido de la infanta Cristina.


Además de las penas de prisión, la Audiencia condenó a Urdangarin a pagar multas por 514.823 euros y sendas indemnizaciones de 201.175 euros a la sociedad pública balear Illesport y de 256.276 a la Agencia Tributaria por sus delitos fiscales, lo que suma los 972.274 euros.


La Audiencia de Palma condenó el pasado 17 de febrero a Urdangarin por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda, según la sentencia, que no es firme ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.


Las juezas consideran que Urdangarin se sirvió de "su privilegiado posicionamiento institucional" por su "proximidad a la Jefatura del Estado" para ejercer "una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de los funcionarios y autoridades" en Baleares.


Consideran que la contratación del Instituto Nóos para organizar los dos Illes Balears Forum de 2005 y 2006 y una oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, por lo que cobró unos 2,5 millones de euros fue una "decisión caprichosa" del entonces presidente balear, Jaume Matas, (condenado a 3 años y 8 meses de cárcel), que posteriormente trató de "revestirse de un ropaje de legalidad".


Fueron -según la sentencia- "decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad".


Urdangarin se aprovechó del "privilegiado posicionamiento" institucional del que disfrutaba "dada su proximidad a la Jefatura del Estado, por cuanto en aquellas fechas formaba parte de la Familia Real, con ocasión de la relación de parentesco que por vínculo matrimonial había adquirido".


Esa circunstancia "le procuraba el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos" para que "se plegaran a su contratación". su influencia "resulta ser de tal entidad" que "permite afirmar que sin ella el hecho ilícito no se hubiera producido".

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