Griñán se enfrenta a un embargo de más de 42 millones por el caso de los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no solo se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos, sino que sobre él pende además un posible embargo millonario en concepto de responsabilidad civil. La fiscalía Anticorrupción ya ha pedido al juez instructor que inicie los trámites para proceder al embargo de los 18 exaltos cargos acusados por sus "responsabilidades pecuniarias", cifradas en 741 millones que implicados deberán abonar de forma solidaria. En el caso del expresidente andaluz, la cantidad estimada por su participación en el caso entre 2004 y 2010 ascendería a 42 millones de euros.

El juez no ha decretado aún medidas cautelares de embargo de bienes contra Griñán o Chaves y los exconsejeros andaluces que inicialmente fueron interrogados en instancias superiores por ser aforados. Sí lo ha hecho con otros imputados en el caso, de ahí que la Fiscalía solicite ahora que se abran ya diferentes piezas de responsabilidad pecuniaria para todos los exaltos cargos implicados por el delito de malversación, a quienes solicita que "respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de ayudas sociolaborales por parte de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo", desde donde supuestamente se repartía el dinero de forma fraudulenta. El objetivo es asegurarse que todos ellos podrán hacer frente a la indemnización de ser condenados en el juicio. En el caso de Griñán, su responsabilidad civil se corresponde al periodo en el que estuvo al frente de la Consejería de Hacienda y aprobó los créditos y las modificaciones presupuestarias con las que seguir cebando el fondo del que salían las ayudas, entre 2004 y 2009, y desde entonces hasta 2010, fecha en la que es designado presidente de la Junta y mantiene un sistema parecido de ayudas, según el escrito fiscal.

Esta cifra ascendería a 42,1 millones de euros, aunque la cantidad podría bajar atendiendo al dinero recuperado por la Junta de Andalucía o el Tribunal de Cuentas. A su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, no se le imputa ningún delito de malversación, sino de prevaricación administrativa, y por ahora no tiene que asumir ninguna fianza.