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Caso Bárcenas

La acusación popular pide al PP casi 11 millones por el 'caso ordenadores'

Izquierda Unida reclama además cinco años de cárcel a la tesorera y el asesor legal del partido

l extesorero del PP Luis Bárcenas.
El extesorero Luis Bárcenas.
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  • COLPISA. MADRID
Actualizada 16/09/2016 a las 06:00
La acusación popular formada por Izquierda Unida, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes solicitó este jueves en su escrito de acusación que el PP sea condenado a pagar una multa de 10,9 millones de euros y que a la tesorera del partido, Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se les imponga una pena de cinco años de prisión por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que usó el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional.

La acusación considera que la multa económica es proporcionada "atendiendo a la gravedad del resultado producido y a la especial afectación sufrida por los intereses generales a consecuencia de los delitos", encubrimiento y daños informáticos.

En este escrito, en el que se pide la apertura de juicio oral tras el auto de procesamiento de la juez de Madrid , se reclama la declaración como testigos del propio Bárcenas o de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ya que tiene "conocimiento de los hechos investigados" al ser la "superior jerárquica" de dos de los imputados, la tesorera Navarro y el informático Moreno.

En un auto del pasado julio, la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, concluyó la instrucción de esta causa y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusó a todos ellos de los delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir dos portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

El procesamiento está recurrido por la Fiscalía y el propio partido ante la Audiencia Provincial de Madrid. Asimismo, este miércoles el partido recusó a la juez de la causa al poner en duda su imparcialidad, debido a sus supuestas vinculaciones con el PSOE; y un día antes Bárcenas dio instrucciones a su abogado para apartarse de este procedimiento, alegando motivos económicos.

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