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TRIBUNALES

La Fiscalía retrasa la excarcelación de Mario Conde hasta verificar los avales para su fianza

El motivo es que el juez Santiago Pedraz, que le investiga por el presunto blanqueo de 13 millones de euros entre 1999 y 2014, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre si las garantías hipotecarias son suficientes

Mario Conde.

Archivo
Actualizada 16/06/2016 a las 07:15
  • COLPISA . MADRID
La excarcelación de Mario Conde se va a retrasar más de lo previsto y, al menos, no se producirá hasta bien entrado este jueves. El motivo es que el juez Santiago Pedraz, que le investiga por el presunto blanqueo de 13 millones de euros entre 1999 y 2014, ha pedido a la Fiscalía
Anticorrupción
que se pronuncie sobre si las garantías hipotecarias aportadas por el entorno del exbanquero son suficientes para cubrir la fianza de 300.000 euros que le impuso el martes para poder quedar en libertad.

El instructor del caso ha preferido consultar al Ministerio Público, que se opone a la salida de Conde de la prisión madrileña de Soto del Real, para tratar de reforzar su decisión. Esta, a su vez, contradice la tesis que hasta ahora mantiene la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Dichos magistrados destacan como elementos de riesgo "la gran movilidad geográfica" (también por el extranjero) de quien fuera presidente de Banesto, "la tenencia de medios económicos, técnicos y humanos" a su disposición" y, asimismo, "su pasado penal".

La fiscal Elena Lorente, que todavía no se ha pronunciado sobre los avales, puede optar por pedir a su vez una tasación oficial, lo que retrasaría los trámites. Dicho examen debería verificar si los avales prestados cubren, al menos, el doble de la suma exigida, condición prevista por la ley cuando se trata de garantías hipotecarias respecto a inmuebles y no de cantidades en efectivo.

Los títulos han sido aportados por dos amigos personales de Conde, los hermanos Jaime y José Angel Alonso García, quienes a su vez son altos cargos del patronato de la Fundación Francisco Franco. El aval corresponde a cuatro fincas rústicas de su propiedad en la isla canaria de Fuerteventura, cuyo valor declarado roza los 611.000 euros. El exbanquero está acusado de delitos de alzamiento de bienes, blanqueo, fraude fiscal y organización criminal.
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