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JUSTICIA

Los juzgados archivan 44.000 causas sin autor conocido por la ley procesal

Justicia se congratula de que 302.132 procedimientos penales hayan sido revisadas a tiempo pese a que a día 1 faltaban 12.000

Los juzgados archivan 44.000 causas sin autor conocido por la nueva ley procesal
El ministro de Justicia, Rafael Catalá durante su comparecencia para hacer balance al cumplirse los seis meses de entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
EFE
  • COLPISA. MADRID
Actualizada 06/06/2016 a las 19:19
La aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aprobada por el Gobierno en funciones y que entró en vigor en diciembre pasado, ha provocado que los juzgados hayan sobreseído de forma provisional más de 44.000 causas penales abiertas por no tener un autor o autores conocidos. La medida llega al cumplirse seis meses de la puesta en marcha de la norma procesal, que tiene como objetivo agilizar la instrucción de los procedimientos con la imposición de plazos y reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales.

El archivo provisional supone que estas causas se guardarán en un cajón mientras no haya hechos nuevos que permitan su reapertura tras consultar con el fiscal. Las diligencias efectivas de investigación las seguirán llevando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, a partir de ahora, además, no judicializarán ninguna pesquisa o denuncia que carezca de autor identificado para no cargar de trabajo a los juzgados.

Por lo tanto, será la Policía Nacional o la Guardia Civil quienes dirijan la investigación de estos casos sobre todo tipo de delitos. Por lo que los agentes ya no se regirán por los plazos judiciales de 6 o 18 meses que marca la nueva LeCrim para instruir una causa sencilla o compleja según la gravedad de los hechos.

Por su parte, el plazo de seis meses de la norma procesal, que se ha cumplido hoy, ha conllevado la obligación de revisar miles de causas en juzgados y tribunales de toda la geografía nacional.

Pese a los inconvenientes para realizar esta tarea a tiempo, tal y como han denunciado la Fiscalía o los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, se congratuló de que se haya cumplido la revisión y calificación de los procedimientos. Un logro que supone la "reactivación" y "puesta al día" de todos estos casos. "Lo que algunos decían que era imposible pues ha sido posible", remató Catalá.

En total, se han revisado 302.132 procedimientos desde el 6 de diciembre de 2015 hasta este lunes, de los cuales el 51% están relacionados con delitos de patrimonio y el 17% sobre vida/integridad. Por su parte, solo el 0,29% se refieren a delitos de corrupción pese a su impacto mediático.

12.000 EN CINCO DÍAS 

Catalá reconoció la labor de fiscales y secretarios judiciales para conocer todas las causas y reveló que el pasado 1 de junio quedaban por revisar el 4% de los procedimientos, unos 12.000, pero que la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para que el análisis se realizara "en bloque".

La clasificación tiene su importancia, pues las causas complejas (el 30% del total) permiten ampliar hasta al menos los 18 meses el plazo que tienen los jueces para instruir. En cambio, de no ser consideradas de este modo el tiempo se limita a seis meses (el 70% del total). El coste del trabajo realizado en este medio año ha sido de 1.647.877 euros, ya que ha habido que pagar a 80 fiscales y 117 funcionarios de refuerzo.

Pese a la insistencia en saber si los datos aportados por el Ministerio de Justicia son cien por cien fiables, Catalá admitió que no puede certificar que el número de causas pendientes de clasificación sea de cero y eludió cualquier responsabilidad en caso de que un procedimiento se pueda archivar si no ha sido revisado, tal y como detalla la nueva ley. "No me corresponde a mí certificar los datos de actividad que nos han facilitado la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, pero mi confianza y mi certeza personal se basa en los profesionales, en los jueces, letrados y fiscales que han hecho el trabajo", señaló el ministro.

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