TRIBUNALES

Los siete pecados judiciales del PP

La corrupción ha hecho daño a los populares en las urnas e influirá en las negociaciones de gobierno tras el 26-J

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, presentando su dimisión.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, presentando su dimisión.

EFE
Actualizada 28/05/2016 a las 18:14
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  • COLPISA. MADRID
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La fianza civil que debe depositar el PP en la causa de la 'caja B', pieza separada del 'caso Gürtel', ha provocado una airada reacción del partido que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy. Las miradas de varios dirigentes se han dirigido hacia el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata. Más allá de la cuantía que debe afianzar el PP, 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario de los delitos supuestamente cometidos por sus extesoreros, los populares centraron su crítica en el momento político de la resolución, a menos de un mes de las trascendentales elecciones del 26 de junio.

No ha servido de nada recordar la máxima que repiten los jueces para respetar su independencia: "Los tiempos de la Justicia no son los de la política". Tampoco se ha tenido en cuenta que este requerimiento del juzgado no vino sino a confirmar lo que ya dictó el juez hace un año en el auto de apertura de juicio oral. Hasta la fecha el Gobierno siempre se había mantenido en los límites del respeto a las resoluciones judiciales, aún cuando éstas han ido cayendo como una gota malaya desde que en enero de 2013 se descubriera la fortuna secreta en Suiza de Luis Bárcenas, pero la fianza millonaria ha provocado que algunos populares perdieran los papeles.

El PP perdió en las generales del 20 de diciembre más de tres millones de votos, pasó del 44,6% al 28,6% de los sufragios. Un descalabro al que no fue ajena la corrupción, el propio Rajoy hizo el reconocimiento explícito de que les ha hecho mucho daño. Pero lejos de remitir, la tormenta judicial para el PP tiene otros frentes abiertos que podrían descargar sobre el partido a distintos niveles. Por lo tanto, el horizonte procesal que se abre desde junio se aventura movido y entre medias está la cita con las urnas dentro de un mes y la formación de Gobierno. Este es el estado de las causas 'calientes' que afectan al PP:

-La 'caja B': El fantasma de Bárcenas y la cruz del PP

Esta pieza del 'caso Gürtel' es la causa judicial que más compromete al PP. Los papeles de Bárcenas, conocidos el 31 de enero de 2013, y la fortuna oculta por el extesorero fueron el origen de un procedimiento que está a la espera de juzgarse. El tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Angel Hurtado debe fijar la fecha de la vista oral, que comenzará previsiblemente en primavera de 2017. El PP está acusado como responsable civil subsidiario de los delitos supuestamente cometidos por sus extesoreros Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, por el exgerente Cristóbal Páez y por Unifica, la empresa que hizo las obras de la sede nacional y que cobró parte en negro, como ha quedado confirmado en la fase de instrucción. Los jueces que han dirigido el procedimiento, Pablo Ruz y José de la Mata, han confirmado la veracidad de más de medio centenar de los apuntes contables que Bárcenas registró desde 1990 hasta 2008. Entre otros, entradas y salidas de dinero a delegaciones territoriales, donaciones, gastos comunes del partido o sobresueldos a sus dirigentes.

Hasta el comienzo del juicio aún quedan varios pasos por dar. La ejecución de la fianza civil de 1,2 millones impuesta al PP, que la defensa del partido ha recurrido al considerarla "exorbitada", ha sido el último trámite. Sin embargo, la cuantía ya se conocía desde hace un año, cuando se abrió juicio oral contra los acusados por delitos fiscales, apropiación indebida o falsedad documental.

-'Caso Gürtel': Primer juicio en octubre

Como si se tratara de un lento goteo desde febrero de 2009, cuando estalló la operación dirigida por el juez Baltasar Garzón, el 'caso Gürtel' y sus múltiples piezas separadas ha sido el procedimiento que más daños colaterales ha causado al PP. Ha salpicado a exdirigentes del partido nacional, como la exministra Ana Mato, pero sobre todo a los populares de Madrid y Valencia, dos graneros de votos donde los casos de corrupción han pasado una importante factura electoral.

Los gobiernos de Esperanza Aguirre y Francisco Camps han quedado marcados por las actividades ilícitas desarrolladas a su sombra por el entramado encabezado por Francisco Correa. Entre Madrid y Valencia suman nueve piezas separadas de 'Gürtel', que también salpicó a Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El primer procedimiento penal en juzgarse será las actividades supuestamente ilícitas de la época 1999-2005 en Madrid. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el 4 de octubre el comienzo de las sesiones contra 39 acusados, entre los que se encuentran Correa o Bárcenas, para el que el fiscal pide 42 años y medio de cárcel. La acción penal también se dirige contra el PP o Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados, es decir, por lucrarse de la red sin saberlo en apariencia. El resto de piezas van muy avanzadas. De la parte valenciana se está a la espera de fijar el comienzo del juicio en la parte de Fitur, la supuesta financiación irregular del PPCV o la visita del Papa, con el exdirector general de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, en el centro de la acusación.

-'Caso Taula': Barberá espera al Supremo

La exalcaldesa de Valencia está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si le encausa por un delito de blanqueo de capitales en la financiación del grupo municipal popular. El juez instructor del 'caso Taula' y la Fiscalía consideran que hay indicios penales para investigarla. La exposición razonada contra la senadora del PP, que sigue aforada porque su partido la colocó en la Diputación Permanente de la Cámara alta, llegó al Supremo el pasado 21 de abril. Ahora la Fiscalía del alto tribunal se debe pronunciar sobre los indicios remitidos por el juzgado de Valencia. No se espera una decisión hasta después de las elecciones generales del 26 de junio para no inmiscuirse en la campaña. Al menos está es la norma no escrita que suele manejar el Supremo en estos casos. El peso de la exalcaldesa en el PP valenciano, su blindaje en el Senado y la confianza de la cúpula popular en su inocencia podrían convertirse en un arma de doble filo si Barberá es investigada. La solución, probablemente, en julio, en plena negociación del próximo gobierno.

-'Operación Púnica': Granados y el PP de Madrid

El juez investiga en 12 piezas separadas una "gigantesca" red de tráfico de influencias en administraciones locales de Madrid, Valencia, Murcia y León desde 1999 hasta 2009. La derivada madrileña hizo que la expresidenta regional del PP Esperanza Aguirre abandonara su cargo en febrero pasado. Al igual que en el 'caso Gürtel', su etapa como líder del partido en la Comunidad de Madrid ha quedado ensombrecida por la red liderada por el que fuera su número dos, Francisco Granados, en prisión preventiva desde su detención en octubre de 2014. Se ha levantado el secreto sobre la mayor parte del sumario y los daños colaterales, de momento, ya alcanzan al actual grupo popular en la Asamblea de Madrid y al Gobierno de Cristina Cifuentes, sustituta de Aguirre y política de plena confianza del 'nuevo' PP. Al menos tres parlamentarios y un consejero se han visto salpicados. Todo ello con un ejecutivo regional gobernando en minoría con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, el cataclismo político podría llegar en la pieza de Púnica que aún sigue secreta. Se trata de la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. Se investiga al que fuera tesorero regional Beltrán Gutiérrez y a un consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, yerno del presidente del grupo Juan Miguel Villar Mir. Del avance de las pesquisas de esta causa podría estallar un bombazo en cualquier momento y el temor en Génova 13 crece día a día.

-'Casos Pokémon y Cóndor': Autonómicas gallegas

Diversas causas de corrupción que se siguen en un juzgado de instrucción de Lugo podrían tener consecuencias directas en las elecciones autonómicas de otoño. La juez Pilar de Lara tiene abiertos al menos dos procedimientos, 'caso Pokemon' y 'operación Cóndor', donde se investigan a dirigentes locales del PP gallego (en el 'caso Pulpo' que instruye esta jueza ya dimitió en marzo como líder de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro, candidato a la Xunta). En 'Cóndor' se investigan supuestos cohechos de un conocido empresario de transportes a políticos a cambio de adjudicaciones. La investigación está secreta y podría deparar sorpresas próximamente.

-Pujalte, De la Serna y Arístegui. Asesoramientos y comisiones

Un juzgado de Valladolid ha abierto una causa contra el exdiputado del PP por supuesta falsedad documental y cohecho en los trabajos de asesoramiento a empresas y entidades a través de una consultora cuando era parlamentario. La denuncia de la Fiscalía también se dirige contra la exsenadora popular Ana Torme, los exdiputados de su partido Alejandro Ballestero y Ramón Gómez de la Serna y el exembajador Gustavo de Arístegui, exportavoz de Exteriores del PP. Estos dos últimos también están siendo investigados en la Audiencia Nacional por recibir supuestas comisiones irregulares por mediar en favor de empresas españolas en Argelia. Les imputan diversos delitos de corrupción.

-'Caso Acuamed': Arias Cañete en el punto de mira

Esta semana se ha levantado en la Audiencia Nacional el secreto de sumario del 'caso Acuamed', la empresa del Ministerio de Agricultura acusada de un fraude millonario por la adjudicación irregular de contratos y pagos por obras inexistentes. De la declaración de testigos e investigados se perfila una supuesta trama organizada para la apropiación de dinero público y subvenciones europeas para obras en la cuenca del Mediterráneo. La persona que denunció los hechos fue el director financiero de la entidad pública, despedido por negarse a seguir las instrucciones al "máximo nivel". Comenzó a sospechar cuando le comentaron la ausencia de un seguro de la desaladora de Almazora, en Almería, inundada en 2012. Para solventar este entuerto se produjeron reuniones en las que situó a Miguel Arias Cañete, entonces ministro del ramo y hoy comisario europeo (el político español con mayor rango internacional). La solución favoreció a las dos empresas constructoras, que se llevaron una importante prima, y repercutió en los presupuestos generales de 2015 y 2016. No es descartable que el comisario acabe declarando por estos hechos.
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