TRIBUNALES

El juez de los ERE procesará a Chaves y Griñán en vísperas de la campaña

La pieza denominada del "procedimiento específico" será la primera en llegar a juicio

Manuel Chaves, llegando al Tribunal Supremo este martes.

Manuel Chaves, llegando al Tribunal Supremo.

EFE
Actualizada 27/05/2016 a las 19:08
  • COLPISA. SEVILLA
El PSOE tendrá otro obstáculo contra el que luchar las próximas elecciones generales del 26 de junio. El juez que instruye la pieza política del caso de los ERE ultima estos días el auto de procesamiento contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra otro medio centenar de cargos de la Administración por supuestamente haber diseñado e implantado en la administración andaluza un procedimiento discrecional y al margen de cualquier fiscalización para el pago de ayudas sociolaborales. El procesamiento de los expresidentes, pesos pesados en el PSOE aunque ya retirados de la política, se producirá por tanto justo al inicio de la campaña electoral, por lo que los socialistas tendrán muy difícil eludir las críticas por corrupción del resto de los partidos.

De esta forma, y aunque ambos dirigentes recurrirán previsiblemente el auto de procesamiento ante la Audiencia Provincial de Sevilla, la pieza denominada del "procedimiento específico" será la primera en llegar a juicio. Se cumple así el objetivo del plan diseñado por la nueva juez de instrucción 6 de Sevilla, Maria Núñez Bolaños, quien frente al criterio de la anterior titular Mercedes Alaya decidió desgajar la macrocausa de los ERE en piezas separadas para agilizar la instrucción y eludir el riesgo de prescripción de delitos que ya se ha constatado en algunas de las ayudas de menor cuantía.

Fuentes judiciales han explicado que tras la toma de declaración en las pasadas semanas de los últimos exconsejeros andaluces que faltaban por comparecer semanas, al juez solo le quedaba ya dictar el auto de procesamiento, determinando por tanto si encontraba indicios contra los exaltos cargos andaluces y por qué delitos. A este auto, que desde hace tiempo se daba por hecho que llegaría en el mes de junio, seguirá la presentación de los escritos de defensa y acusación con la petición de penas de las partes personadas, tras lo cual llegará el auto de apertura de juicio oral.

EN CONSONANCIA

Las fuentes consultadas coinciden en que el juez de instrucción de refuerzo Álvaro Martín no enmendará la plana al Tribunal Supremo, el primer órgano judicial en tomar declaración a los expresidentes andaluces, entonces aforados por su condición de diputados en las Cortes Generales, aunque sí podría determinar que no hay argumentos suficientes para sentar en el banquillo a otros exaltos cargos. Entre los imputados por esta pieza se encuentra el presidente de Unicaja Braulio Medel, miembro del consejo rector del ente que ejecutaba el pago de las ayudas y de quien la Audiencia Nacional sospecha que pudo abonar casi un millón de euros para que la acusación particular ejercida por el sindicato Manos Limpias retirara la acusación.

Chaves y Griñán declararon en la primavera de 2015 ante el Supremo, donde el primero negó haber tomado decisiones ilegales o haber recibido informe de la Intervención General alertando de irregularidades en el pago de las ayudas. No obstante, José Antonio Griñán expresó a la salida su convencimiento de que no creía "que existiera un gran plan, pero sí un gran fraude". Pese a ello, el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro concluyó que existían indicios suficientes para acusarles de un supuesto delito de prevaricación administrativa como responsables de haber diseñado y mantenido o favorecido durante al menos diez años lo que consideraba un sistema opaco para el reparto de fondos públicos, dotado inicialmente de 855 millones de euros.

Un sistema legal, conocido como transferencia de financiación y que se utiliza habitualmente para equilibrar las cuentas de entes autónomos, pero que empleado para estas ayudas no solo evitaba los controles de fiscalización y estaba al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley de Hacienda Pública, sino que además permitía que se 'colaran' hasta 196 personas como beneficiarios de prejubilaciones en empresas para las que nunca habían trabajado, o que se concedieran ayudas sociolaborales a empresas afines al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, o al PSOE-A. Algunas de estas ayudas ya han sido declaradas nulas por la Junta de Andalucía tras un proceso de revisión iniciado para recuperar el dinero.
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