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Caso Gürtel

El juez da al PP diez días para pagar la fianza civil de 1,2 millones

El Partido Popular ningunea la causa judicial de la 'caja B' por dar credibilidad a Bárcenas

Entrada de la sede del PP, en la Calle Génova de Madrid

Entrada de la sede del PP, en la Calle Génova de Madrid

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24/05/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
La orden del juzgado que investiga el 'caso Gürtel' para que el Partido Popular haga frente a la fianza civil por la pieza de la 'caja B' cayó este lunes como una losa en el seno del partido. Apenas unas horas después de conocerse que el juez de la Audiencia Nacional dio diez días a la formación conservadora para depositar 1,2 millones para hacer frente a su posible responsabilidad civil por estos hechos, el PP emitió un comunicado en el que puso en duda toda la instrucción judicial del caso, construido sobre la base de la credibilidad del 'multiimputado' extesorero Luis Bárcenas y sus apuntes contables.

Pocas veces el partido presidido por Mariano Rajoy ha reaccionado con tanto ímpetu a una resolución judicial. Y menos cuando ésta es sobrevenida, porque la cuantía impuesta por el juez José de la Mata ya era conocida hace un año, cuando abrió juicio oral por la 'caja B'. Sin embargo, el trascendental momento político, con unas elecciones generales a un mes vista, hace que cualquier escrito judicial sobre corrupción que salpique al PP haga tambalear su estrategia electoral. Y los daños colaterales en forma de fuga de votos son de sobra conocidos en la sede de Génova 13 de Madrid, de ahí que sus responsables hayan respondido con un exceso de crítica contra los que consideran causantes de su situación procesal.

El requerimiento del juzgado conmina al PP a depositar los más de 1,2 millones de fianza civil para hacer frente a una posible condena o, de lo contrario, procederá al embargo de sus bienes por esa cantidad. Una situación improbable porque la dirigente popular Andrea Levy aseguró este lunes que "desde luego" que se depositará esa cuantía "como una garantía cautelar". El total de la cantidad obedece al montante defraudado a Hacienda por la empresa que reformó la sede nacional (Unifica no declaró 1,02 millones por el Impuesto de Sociedades de 2007) y los donativos presuntamente irregulares que recibió el partido y no tributó (220.167 euros en 2008).

Aunque los presuntos responsables civiles directos de estos delitos fueron Unifica y los extesoreros Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez, respectivamente, el juez consideró que el PP era responsable civil indirecto (no es una imputación penal). Por ello, le impuso la citada fianza en el caso de que los primeros no pudieran hacer frente a la suya, como ha sido el caso ya que las cauciones para ellos se elevaban desde 7,4 millones (Páez) hasta 8,9 (Bárcenas y Lapuerta).

LOS APUNTES, INVERACES

Una vez conocido el paisaje judicial, cuyo requerimiento fue recogido este lunes en el juzgado por el representante legal del PP, la formación emitió el referido comunicado con varias consideraciones.

Señaló que el procedimiento se construyó sobre la base de las acusaciones formuladas por determinadas formaciones políticas contra el PP, en referencia a Izquierda Unida, sobre todo, y al PSOE. Dijo que Ambos centraron sus actuaciones "exclusivamente sobre la confianza absoluta en las afirmaciones realizadas por Luis Bárcenas y en unos supuestos apuntes manuscritos de cuya veracidad no hay más prueba que la credibilidad que quiera concederse a esa persona".

Añadieron los populares que en la causa existen informes "que desmienten absolutamente la veracidad, solvencia y consistencia de esos apuntes sobre los que se ha construido esta suerte de causa general contra el PP". Sin embargo, no dijeron qué informes y, lo que es peor, ningunearon las instrucciones de los jueces Pablo Ruz o José De la Mata, quienes sí han podido verificar, sobre todo el primero, una parte de los citados registros contables opacos desde 1990 hasta 2008.

El comunicado también mostró "su extrañeza" por el hecho de que se le exija garantizar por entero las posibles responsabilidades de Bárcenas, "cuando es público y notorio su enorme patrimonio, sin perjuicio del que pudiera estar oculto". Esta es una manera de de reivindicar su argumentario de que los comportamiento ilícitos fueron individuales y a espaldas del PP.
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