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Corrupción

El cerebro de 'Púnica' detalló al juez una década de corrupción en ayuntamientos de Madrid

Marjaliza revela una red "gigantesca" de tráfico de influencias al calor del 'boom' inmobiliario que salpica a un consejero de Cifuentes y Tomás Góm

El ​juez Velasco:

Francisco Granados.

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18/05/2016 a las 06:00
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  • COLPISA . MADRID
El constructor David Marjaliza, 'cerebro' empresarial de la trama Púnica, la "gigantesca" red de tráfico de influencias que afecta a administraciones públicas de Madrid, Murcia, Valencia y León, confesó al juez en las 13 horas de declaración conocidas este martes una trama masiva de corrupción en ayuntamientos madrileños que se subió a lomos de la burbuja inmobiliaria desde 1999 hasta 2009. La larga declaración del investigado ante el instructor del caso, el magistrado Eloy Velasco, tuvo lugar en otoño pasado y la consecuencia inmediata de su colaboración fue la puesta en libertad provisional bajo fianza tras pasar 14 meses en prisión incondicional. Las revelaciones de Marjaliza, de 47 años, dibujan un cuadro hiperrealista de la corrupción municipal a todos los niveles hasta que duró la gasolina del ladrillo. Un "época loca del país" donde se compraba suelo rústico sin ton ni son para su urbanización. Era finales de los años noventa y los ayuntamientos ya disponían por ley de la herramienta para el desarrollo del planeamiento urbanístico. Un arma de doble filo que sirvió para surtir de dinero las arcas municipales, sin duda, pero también trajo consigo los ingredientes propios de la putrefacción urbanística, de las corruptelas. Ese macabro horizonte compone la obra confesa de Marjaliza. El empresario relata los tejemanejes político-empresariales, las comisiones ilegales, los lujos, la prevaricación administrativa, el tráfico de influencias y el cohecho. Así durante más de 13 horas en sus 15 presencias en el juzgado de la Audiencia Nacional. Un material al que ha tenido acceso COLPISA tras levantarse el secreto. De su tesimonio hay múltiples damnificados. El principal es su otrora amigo Francisco (Paco) Granados, exalcalde de Valdemoro (Madrid), exconsejero regional y exsecretario general del PP madrileño en la época de Esperanza Aguirre. Un ángel caído de la política que lleva desde noviembre de 2014 en prisión preventiva incondicional. "Conozco a Paco desde que estaba en Alianza Popular. Cuando llega a la alcaldía en 1999 nos reconciliamos políticamente. Yo era promotor; empecé con 19 años en Valdemoro, con pequeñas viviendas. Cuando él entra en la alcaldía era un empresario mediano. Él no estaba en las mesas de contratación, pero había indicaciones a los técnicos. Había mucha subjetividad en la venta de parcelas", afirma Marjaliza al juez Velasco y a las fiscales anticorrupción de 'Púnica'.

"¿Un hombre como usted que tiene una calculadora en la cabeza no me sabe decir el reparto aproximado a cada alcalde?", le pregunta en otro momento el juez. "El dinero se daba en mano; entre 3.000 y 6.000 euros a los alcaldes (investigados) por vivienda de protección oficial construida. Fue de 2001 a 2009", revela con crudeza Marjaliza. "Además Paco recibía entre un 10 y 20% de los beneficios por la sociedad inmobiliaria que compartíamos (estaba a nombre de un testaferro para ocultar su identidad)", afirmó.
Marjaliza tenía múltiples caretas en la trama. Era el 'conseguidor'. El comisionista. El evasor a Suiza y Singapur. El blanqueador. Quien repartía la tarta y el encargado de pagar los cohechos a alcaldes, concejales o técnicos de 14 ayuntamientos del sur de la Comunidad de Madrid. La mayoría gobernados por el PP, aunque también alguno socialista (Pinto, Parla o Aranjuez), y a diferentes altos cargos públicos. "¿Cómo conseguía su socio que le diesen las adjudicaciones a la trama?", le preguntó el juez en el interrogatorio. "Con una máxima que decía: si te gusta la magia no preguntes el truco", contestó Marjaliza.


ACTOS ELECTORALES Y VACACIONES

En esta remesa implica al entonces director General de Cooperación con la Administración Local y actual consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada; al exalcalde de Parla y exsecretario general del PSOE Tomás Gómez; a la exdiputada de Ciudadanos y exedil socialista de Valdemoro Eva Bórox ("Le di 30.000 euros para que no hiciera ruido"); y al actual diputado del PP en Madrid y exalcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González.

Del mismo modo, el cerebro empresarial de 'Púnica' cuenta al juez otros negocios que compartía con empresarios como Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, el dueño de Kiss FM Blas Herrero o el director general de Société General, Donato González Sánchez.

Además de los nombres de Granados y sus sucesores en la alcaldía de Valdemoro, Marjaliza detalla su relación con representantes públicos aún en activo, como es el caso del González Taboada, que era quien "mangoneaba" cuando se repartía el dinero del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, conocido como el 'Plan Prisma'. Igualmente, se refiere a pagos realizados por las empresas que él representaba para actos electorales de Tomás Gómez -en uno de ellos participó el expresidente del Gobierno Felipe González-, así como del actual diputado del PP Bartolomé González, con quien pactó un pago de 60.000 euros. Sobre los actos de Gómez cuando era alcalde de Parla dijo que abonó "mítines, banderolas, bebidas..." a cambio de la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas. "Me decían, ¿quieres viviendas en este suelo? Sí. Preséntate a este concurso. Nos presentábamos a 20 parcelas y nos adjudicaban cuatro. En el caso de Parla nos adjudicaron seis o siete por un total de 400 y pico viviendas", relató. El intermediario en esas negociaciones era su socio y exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, a quien daba el dinero para las comisiones. Marjaliza tiene claro que en el 98% de las adjudicaciones de viviendas protegidas se pagaban comisiones.

Entre los responsables municipales cuya implicación en Púnica se conoció este martes también destaca el alcalde socialista de Pinto, Antonio Fernández, por la construcción del proyecto comercial Plaza Éboli; así como el que fuera alcalde de Getafe Juan Soler, a quien Marjaliza dijo que pagó tres vacaciones de unos 3.000 euros. El diputado regional del PP y exsenador anunció tras conocer la noticia que se querellaría contra él por injurias.
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