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TRIBUNALES

Condenan al ministro Alonso y al dirigente del PP Javier Maroto a pagar 400.000 euros

El órgano fiscalizador les acusa de "perjuicio" a las arcas públicas de Vitoria por un alquiler gravoso en 2007 cuando eran alcalde y concejal de Hacienda

Condenan a Alonso y Maroto a pagar 400.000 euros por un contrato con un empresario

Javier Maroto (izda.) y Alfonso Alonso (dcha.)

EFE
14/05/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
El PP recibió ayer un duro golpe a poco más de un mes de las elecciones generales del 26 de junio. El Tribunal de Cuentas del Estado ha condenado al ministro de Sanidad Alfonso Alonso, al vicesecretario sectorial del partido Javier Maroto y a otros siete concejales del Gobierno municipal de Vitoria en 2007 a pagar casi 400.000 euros al Ayuntamiento de la capital alavesa por el "perjuicio" ocasionado por el alquiler gravoso de un local. El conocido como 'caso San Antonio', denominado así por la calle en la que se ubican las oficinas municipales que ocupan el local arrendado, afecta de lleno a Alonso, alcalde de Vitoria en aquella época, que tiene intención de repetir como candidato al Congreso por Alava, y a Maroto, que ejercía de concejal de Hacienda.

Varios partidos salieron ayer en tromba para poner en cuestión que ambos dirigentes populares puedan ser candidatos al Congreso el 26-J, aunque fuentes populares garantizaron que esta sentencia no cambiará los planes del partido de cara a las generales. Apuntaron también que recurrirán el fallo y aseguraron que se trata de una sentencia "del ámbito administrativo, no penal, y no existe ningún delito de corrupción". El Tribunal de Cuentas determina que los nueve integrantes del Gobierno municipal de Vitoria en 2007, todos ellos del PP, deben abonar 393.072 euros al consistorio por causar un "perjuicio económico" a las arcas públicas al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas a un precio superior al de mercado.

El empresario al que se le alquiló el local era Gonzalo Antón, quien fuera presidente del Deportivo Alavés. El contrato obligaba al Ayuntamiento a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler durante un periodo de 20 años, cuando Antón había comprado el local un año antes por 2,7 millones de euros. El alquiler se estableció en 12.500 euros más IVA mensuales, pese a que los técnicos municipales estimaron que la cuantía debía ser de poco más de 10.000 euros. Además, según señaló la comisión de investigación municipal creada en su día en torno a este asunto, el contrato incluía diversas condiciones potencialmente negativas para las arcas municipales, entre ellas, una cláusula que establecía que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de veinte años, debería abonar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final.

ACUSACIONES PARTICULARES

El Tribunal de Cuentas estimó parcialmente las demandas formuladas por el actual Gobierno municipal de Vitoria, liderado por Gorka Urtaran (PNV), así como por el propio PNV de Vitoria y por el PSE de esta localidad. La Fiscalía decidió no acusar a los integrantes del equipo municipal en 2007, al igual que en 2015 se opuso a actuar contra ellos por la vía penal. El órgano fiscalizador, no obstante, ha terminado declarando "responsables directos" del quebranto contable a Alonso, Maroto y los otros siete concejales. Todos ellos han sido declarados "responsables directos y solidarios de los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de Vitoria" y se les condena a pagar, por parto, los 393.072 euros en los que se cifra el perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento.

Según las sentencia, cometieron "una negligencia grave" y adoptaron un "acuerdo lesivo" para el erario público, por lo que el "daño" ocasionado al Ayuntamiento fue "real y efectivo".Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días, y el PP de Alava anunció ayer que se acogerá a este derecho. Fuentes cercanas a Alonso señalaron a este periódico que el ministro se encontraba "tranquilo" y "convencido de su inocencia", por lo que considera que el Tribunal de Cuentas acabará atendiendo el recurso y dejando en nada el caso San Antonio.

El PP de Alava afirmó a través de un comunicado que "no estamos hablando del ámbito penal, sino administrativo", por lo que recalcaron que en la actuación de los concejales populares en 2007 "no existe ningún delito de corrupción". En la misma nota, el PP alavés deslizó que en el fallo de este órgano puede existir cierta "intencionalidad política", ya que quien firma la sentencia es una consejera designada por el PSOE a propuesta de IU.

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