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ELECCIONES

Un Gobierno en funciones mirando a las urnas

Las mayores acusaciones de electoralismo han sido por la devolución a los funcionarios del 50% de la paga extra suspendida en 2012

Un Gobierno en funciones mirando a las urnas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por los ministros de Economía y Competitividad y de Hacienda, Luis de Guindos (i) y Cristóbal Montoro, respectivamente.

EFE
Actualizada 30/04/2016 a las 18:32
  • COLPISA. MADRID
La legislatura más breve de la democracia, con un Gobierno en funciones durante cuatro meses, no ha estado parada. El Congreso ha aprobado todas las semanas proposiciones no de ley y el Consejo de Ministros ha dado luz verde a diversas medidas que han sido tachadas muchas de ellas de electoralistas por la oposición. Mariano Rajoy siempre apostó por la repetición de las elecciones, por lo que su Gobierno ha estado mirando a las urnas durante todo este tiempo, aunque sea de reojo.

La que sin duda se ha llevado las mayores acusaciones de electoralismo ha sido la devolución a los funcionarios del Estado del 50% de la paga extra suspendida en 2012 que quedaba por restituir. Una decisión que el Gobierno llevó a efecto en este mes de abril, pocos días antes de que se convocaran nuevamente elecciones. Es cierto que el dinero a devolver (160 millones de euros) ya estaba incorporado en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, por lo que la decisión de gasto podía tomarse en cualquier momento y la paga extra se podría haber devuelto en enero o en julio, después de los comicios. Sin embargo, no se hizo a comienzos de año e incluso el Ministerio de Hacienda se escudó en que estaba "en funciones" para justificar que no se llevara a la práctica. Sin embargo, pocas semanas después aprobó la decisión en Consejo de Ministros cuando ya se veía prácticamente inevitable la repetición de los comicios. Con el reembolso de la extra, 200.000 funcionarios recibirán un ingreso medio de 750 euros.

CAUSAS POPULARES 

Las acusaciones de electoralismo nunca han arredrado al Ejecutivo, sea del signo que sea. El año pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy adelantó la segunda rebaja fiscal del IRPF prevista para este año para que los españoles la notaran en sus bolsillos antes de las elecciones del 20-D. Una decisión que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal consideró como una de las principales razones de la desviación del objetivo de déficit en 2015. Y aunque un Gobierno en funciones tiene las manos más atadas, no ha sido impedimento para que en las últimas semanas se haya aprobado la prórroga del Programa de Activacion de Empleo (PAE) y se haya rebajado del 20% al 18% el umbral de la tasa de paro para asegurar la prórroga automática del Programa Prepara. En el primer caso se trata de la ayuda a los parados de larga duración que han agotado todos los subsidios y que el Gobierno había acordado con los sindicatos. Este plan, que entró en vigor en enero de 2015, incluye políticas activas de empleo e intermediación laboral gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo y ofrece una ayuda económica vinculada a la participación en los cursos de formación y reciclaje. Sin embargo, no ha logrado los objetivos previstos, puesto que de los 400.000 potenciales beneficiarios del mismo, sólo se han acogido 161.583. De hecho, para esta prórroga de un año, el Ministerio de Empleo ha calculado que beneficiará a un total de 118.000 parados. En cuanto a la prórroga de otro programa que proporciona durante seis meses una ayuda de 426 euros a los parados sin subsidio, favorecerá a otros 117.000 desempleados.

"A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión". Esta frase de Mariano Rajoy ilustra gran parte de su estrategia política, como se ha visto al optar por no presentarse a la investidura. No obstante, su Ejecutivo ha estado bastante activo en las últimas semanas. Como al aprobar la Oferta de Empleo Público para este año, con 13.427 plazas de nueva creación, lo que supone un incremento del 62% respecto a las ofertadas el año pasado, y elevar al 100% la tasa de reposición para servicios prioritarios.

En realidad, no se puede objetar nada a la conveniencia de haber adoptado todas estas medidas. Lo curioso es que todas ellas podrían haber sido aprobadas al inicio de año, cuando aún no se vislumbraban nuevas elecciones en el horizonte.
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