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TRIBUNALES

La juez que concedió el tercer grado a Fabra fue suspendida en el 2003 por presionar para que lo obtuviera Conde

Del Prado Torrecilla fue castigada siete meses sin empleo y defendió que la condena al exbanquero fue "una gran injusticia y un asunto político"

El expresidente de la Diputación Provincial y del PP de Castellón, Carlos Fabra.

El expresidente de la Diputación Provincial y del PP de Castellón, Carlos Fabra.

EFE
20/04/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
Carlos Fabra, exlíder del PP y expresidente de la Diputación de Castellón, disfrutará del tercer grado penitenciario (régimen de semilibertad que le permitirá acceder a los permisos de salida) sin cumplir ni la mitad de los cuatro años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por otros tantos delitos fiscales por decisión de la juez de vigilancia penitenciaria de Madrid María del Prado Torrecilla, quien en 2003 presionó a una compañera para que otorgase ese mismo beneficio penitenciario al entonces banquero encarcelado Mario Conde.

Del Prado hizo caso omiso del criterio desfavorable para Fabra tanto de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), donde está Fabra, como de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. El condenado, de 70 años, podrá así disfrutar de permisos ordinarios, hasta 48 días por año, o de fines de semana tras llevar encarcelado más de 15 meses. No obstante, la resolución definitiva dependerá de un posible recurso de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado, en representación de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ante la Audiencia Provincial de Madrid

En cualquier caso, no ha pasado desapercibido el nombre de la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número tres de Madrid, la persona que ha cambiado la vida carcelaria al expresidente del PP de Castellón entre 1991 y 2012. En otro asunto de repercusión mediática, la concesión del tercer grado al exbanquero Conde, el Consejo General del Poder Judicial llegó a suspender de sus funciones durante siete meses a Del Prado Torrecilla.

La sanción por una falta muy grave fue impuesta por el pleno del órgano de gobierno de los jueces el 26 de marzo de 2003. El castigo se debió a las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el ‘caso Banesto’. El mismo procedimiento, por cierto, que la pasada semana le devolvió a prisión por blanquear dinero apropiado del banco desde 1999.

PERDIÓ LA PLAZA Y REGRESÓ

Pese a la suspensión de empleo de la juez Del Prado Torrecilla, el Consejo tuvo más misericordia con ella que la Fiscalía, quien llegó a reclamar su expulsión definitiva de la carrera. En cualquier caso, al ser una sanción superior a los seis meses supuso que perdiera la plaza en el juzgado de Madrid, aunque tras cumplir la sanción volvió a concursar y regresó a su antiguo puesto.

Para el Consejo del Poder Judicial, la magistrada cometió una falta disciplinaria muy grave prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez".

Según el expediente, Del Prado Torrecilla intentó "de modo consciente y voluntario" conseguir un trato favorable a Conde después de que el Tribunal Supremo elevase su condena a 20 años de prisión. Así, fue denunciada en diciembre de 2002 ante el Consejo por la juez de Vigilancia Penitenciaria número uno de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario al exbanquero.

Tras su suspensión, Del Prado Torrecilla recurrió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que confirmó la sanción. La sentencia de diciembre de 2004, a la que ha tenido acceso COLPISA, relata que la juez que le ha dado el permiso a Fabra intentó quedarse con el expediente de Conde tratando de influir sobre su compañera. Además, detalla que de manera "constante y reiterada" le comentaba que la condena al expresidente de Banesto fue "una gran injusticia, ya que se le habían usado para dar un escarmiento y que se trataba de un asunto político".
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