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TRIBUNALES

​Interior y la Fiscalía se enzarzan en una guerra sin precedentes

La detención del alcalde de Granada, la financiación de Podemos y la investigación contra Ausbanc y Manos Limpias avivan las escaramuzas

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado.

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado.

EFE
18/04/2016 a las 06:00
  • COLPISA. MADRID
La declaración oficial de guerra llegó de improviso y en forma de nota a todos los medios de comunicación, el jueves, poco antes de las ocho de la tarde. La Fiscalía General del Estado lanzaba un inaudito comunicado acusando al Ministerio del Interior de poco menos que haberse sobrepasado con la detención, el miércoles, del alcalde de Granada, José Torres Hurtado. En su documento, el departamento que dirige Consuelo Madrigal sacaba toda la artillería para denunciar que los indicios contra el regidor "no permitían fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales" como su arresto y el registro de su domicilio. Todo ello en el marco de una investigación en la que, según la Policía, Torres Hurtado, sin embargo, está en el epicentro de una trama corrupta urbanística que ha movido millones de euros.

"Las detenciones se practicaron a iniciativa de la fuerza policial, no habiendo sido ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí fueron comunicadas previamente a la misma", azuzó la Fiscalía. La provocación de Madrigal y los suyos fue respondida de inmediato con otra nota oficial de la Dirección General de la Policía, en la que Interior aseguró tajante que "todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley" y que "la investigación ha estado monitorizada en todo momento por la Fiscalía y bajo la tutela del juzgado".

¿Qué había ocurrido para que el Ministerio Público en un gesto inaudito se lanzara sin piedad contra el cuerpo que dirige Ignacio Cosidó? En realidad, explican fuentes fiscales y policiales, en la capital granadina solo se estaba ventilando una batalla más de una guerra entre la facción más política de la Policía y la Fiscalía. Una guerra que se declaró oficialmente el jueves, pero que en realidad comenzó el pasado febrero a cuenta de los intentos de ese grupo policial más cercano a la cúpula política del cuerpo de apuntar contra la financiación de Podemos en contra del criterio del Ministerio Público, que nunca vio delito en las cuentas de la formación que dirige Pablo Iglesias. Esa guerra tuvo su último episodio, hasta ahora, el pasado viernes, a cuenta de la filtradísima operación de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra Manos Limpias y Ausbanc.

CERCANO AL PODER

El alcalde de Granada aseguró que la orden de detenerle, sin que mediara mandamiento judicial previo, solo pudo partir del jefe de la UDEF, del subdirector de la Policía Nacional, el director general del cuerpo, un secretario de Estado o del propio ministro del Interior. Según diversas fuentes, quizás Torres Hurtado no vaya muy desencaminado. Lo cierto es que el grupo de policías más cercano al poder en el seno de la UDEF está también detrás de la batalla con la Fiscalía que comenzó después de que el Ministerio Público el pasado febrero rechazara de pleno dar la menor credibilidad al llamado informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos.

Ante la negativa de la Fiscalía de avalar aquel documento, que vinculaba a Podemos con dinero enviado desde Irán y Venezuela y que llevaba casi medio año dando tumbos por la Policía, el pasado 9 de febrero el entonces comisario principal (UDEF), Manuel Vázquez López, lo presentó al Tribunal de Cuentas, en una maniobra totalmente inusual, porque ese órgano fiscalizador no tiene ninguna potestad penal.

De forma paralela, y sin que Interior haya nunca explicado cómo, el informe P.I.S.A., sin membrete, acabó en poder de Manos Limpias, que hizo de ese documento el eje central de su querella contra Podemos- a la que acusaba de organización criminal, entre otros ilícitos- presentada ante el Supremo y que el alto tribunal archivó el miércoles pasado.

Esta historia de celadas y escaramuzas entre la policía ‘más política’ y la Fiscalía ha tenido precisamente a Manos Limpias, junto a Ausbanc, como último campo de batalla. El pasado viernes, tras una semana de continuas filtraciones y chivatazos, la UDEF desató la redada en la que cayeron los dirigentes de las dos asociaciones, Miguel Bernard y Luis Pineda. Solo horas después de comenzara la operación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se apresuró a emitir una nueva nota. En ese documento anunciaba que abría una investigación por las filtraciones ajenas al juzgado y al propio Ministerio Público "que habían perjudicado seriamente el propio desarrollo de la instrucción judicial y la eficacia de las diligencias de investigación". Es más, la Fiscalía aseguraba en ese comunicado que el chivatazo era "un acto de colaboración con la organización investigada" con "responsabilidades penales". Un alto responsable del Ministerio Fiscal fue más lejos al señalar que los responsables de las filtraciones que habían interferido la investigación de la Audiencia Nacional procedían del "aparato del Estado". La guerra continúa.
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