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TERRORISMO

La Audiencia Nacional avala el destierro de radicales islámicos absueltos por la Justicia

Zanja que librarse de una "imputación delictiva" no es suficiente para evitar la expulsión si hay indicios de amenaza para la "seguridad nacional"

La Audiencia Nacional avala el destierro de radicales islámicos absueltos por la Justicia
Agentes de Policía trasladan detenido desde su domicilcio en Zaragoza a Nou Mediouni, de origen argelino, una de las dos personas detenidas en abril de 2013 por presuntos delitos de terrorismo islamista.
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  • COLPISA. MADRID
Actualizada 19/03/2016 a las 19:49
La Audiencia Nacional da la razón al Ministerio del Interior: es legal desterrar de España a radicales islámicos aunque éstos hayan sido exculpados penalmente por los tribunales, bien en sentencia firme o bien porque se archivaron las actuaciones contra ellos sin llegar a juicio, como es el caso. El tribunal de la calle Génova, en una sentencia del Contencioso- Administrativo que puede aun ser recurrida ante el Supremo, zanja por primera vez que el hecho de librarse de una "imputación delictiva" de carácter penal, como pudiera ser la integración o colaboración con banda terrorista, no es suficiente para blindarse ante una "sanción administrativa" de la Ley de Extranjería, como es la expulsión, si hay indicios de que el sospechoso y sus actividades pueden ser un peligro para la "seguridad nacional".

La resolución de la Audiencia Nacional, que podría comenzarse a convertir en doctrina si la confirma el Supremo, se refiere al argelino residente en Zaragoza Nouh Mediouni, detenido en abril de 2013 por la Comisaría General de Información de la Policía, acusado de ser miembro de la denominada 'célula de Anghala', vinculada a Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI). El juez Santiago Pedraz, quien coordinó aquella operación, le envió en prisión tras considerar probado que Mediouni fue reclutado por la red dirigida por el terrorista Noureddine El Youbi desde Mali. El detenido, además, se había trasladado a mediados del mes de junio del año 2010 a Argelia, con el objetivo de incorporarse a las filas de AQMI, cosa que no consiguió, por lo que volvió a España.

Mediouni estuvo diez meses en prisión preventiva. El 4 de febrero de 2014, Pedraz le puso en libertad tras acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias abiertas contra él al entender que no había pruebas suficientes para mantener la acusación de integración -ni siquiera colaboración- en banda terrorista, ya que no se pudo confirmar que el argelino llegara a incorporarse efectivamente al AQMI.

Pocos días después, el 26 de febrero, la Secretaria de Estado de Seguridad decretó la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar en diez años del magrebí recién excarcelado, residente en Zaragoza desde hacía casi una década. Interior alegó una "infracción muy grave" a la Ley de Extranjería por "participar en actividades contrarias a la seguridad nacional", al mismo tiempo que le acusó de ser una "una amenaza grave para la seguridad nacional".

En los informes en los que se basó Interior para desterrarle durante una década se destacaban los rastros que dejó el radical en las redes sociales como: "Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. ¡Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos!" o "Los infieles tendrán el castigo del fuego".

RECURSO

Mediouni fue expulsado en marzo de 2014, pero su defensa recurrió ante la Audiencia Nacional la pena "administrativa" de destierro con el argumento central de que "no constando reproche penal alguno, no procede continuar con el procedimiento de expulsión de un ciudadano con situación regular en España, basándose en unos indicios que ya han sido sometidos a la autoridad judicial y rechazados". "No procede continuar con un procedimiento de expulsión fundamentado en una supuesta conducta antisocial, cuando la misma ha sido rechazada por la autoridad judicial", insistía el alegato del argelino.

Sin embargo, la sala de lo Contencioso no lo ve así, ni mucho menos, porque una cosa es la falta de pruebas para condenarle "penalmente" y otra muy diferente son los indicios "suficientes" que han llevado a la sanción administrativa de la expulsión. "Es posible que de lo actuado en las diligencias penales -reconoce la sentencia- no haya motivo para una imputación delictiva, en concreto para la comisión del delito de asociación ilícita, pero que duda cabe que sí puede haberla para la sanción administrativa, si concurren los supuestos necesarios para la aplicación de la norma sancionadora administrativa, puesto que el interés jurídicamente protegido por la sanción penal y el tutelado en la relación administrativa, es totalmente distinto".

Y para la Audiencia Nacional sí que concurren los "supuestos" para la pena "administrativa", dada que la "conducta" Nouh Mediouni "aparece incardinada en el ámbito de un grupo ideología yihadista, que por su propia naturaleza puede ser extremadamente grave para la seguridad nacional, en cuanto va dirigido y orientado al adoctrinamiento y captación de personas en el ámbito de una ideología en la que es notoria su patrocinio de la generación de actos violentos y de carácter terrorista". Para la Audiencia Nacional es clave el hecho de que el radical "llegara a desplazarse a Argelia para integrarse de forma plena a la organización, objetivo que no se consumó, regresando e España, donde continuó con su actividad radical a través de Facebook, donde expresaba su deseo de convertirse en mártir por la causa de la yihad global".
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