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Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La UE respalda el veto del velo en el lugar de trabajo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera discriminatorio "la existencia una desventaja con respecto a las personas que profesan una religión"

​El debate sobre el velo islámico llega a las aulas vascas

Alumnas con el velo islámico se dirigen a un instituto de Madrid.

archivo
15/03/2017 a las 06:00
  • Colpisa. Bruselas

Hay muy pocos asuntos que susciten más revuelo y debate social que el referido al uso del velo islámico. Sólo hay que ver lo que está pasando en Holanda y comprobar que una candidato que se declara abiertamente antimusulmán (por decirlo sutilmente) puede ganar las elecciones de hoy en uno de los bastiones del liberalismo europeo. ¿Velo sí o no? ¿En qué circunstancias?

En la UE, hay una máxima: ante la duda, lo que diga el Tribunal de Justicia, el órgano del que se sirven los jueces nacionales para lavarse las manos. Y ayer, bajo una gran expectación mediática, el TJUE habló para sentar jurisprudencia: una empresa privada sí puede prohibir el uso del velo islámico a una empleada.

Sí, pero... El fallo emana de dos casos relativamente diferentes, uno ocurrido en Bélgica y otro en Francia, pero basados en un mismo conflicto (el despido de una mujer por llevar pañuelo) y un mismo interrogante: ¿una empresa privada puede vetar la utilización del velo a una trabajadora?

Sí, pero ojo, depende de las circunstancias. Por ejemplo, no puede hacerse porque así lo exija un cliente. La clave es que la compañía posea un reglamento de funcionamiento interno que "prohíba llevar signos visibles de sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo". Y, además, no debe discriminar en función de la religión.

El primero de los casos analiza un despido producido en Bélgica. Samira Achbita trabajaba de recepcionista desde 2003 en la empresa G4S hasta que en 2006, comunicó a sus jefes su decisión de llevar velo, algo que era contrario a una "norma no escrita de la empresa".

El tira y afloja se mantuvo hasta que un mes después de llevar pañuelo, el comité de empresa aprobó un reglamento 'ad hoc' que "prohíbe a los trabajadores llevar signos visibles de sus convicciones políticas, filosóficas o religiosas u observar cualquier rito derivado de éstas en el lugar de trabajo". Achbita no cedió y fue despedida, lo que le llevó a recurrir a la justicia belga, que ahora deberá decidir qué hacer tras el fallo del TJUE, que matiza, no obstante, que la jurisdicción nacional de cada país les a que debe valorar cada caso de forma concreta.

El segundo de los casos, por su parte, se refiere al contencioso que Asma Bougnaoui mantuvo con su compañía, Micropole, que la contrató como ingeniera de proyectos tras un periodo de prácticas. El problema se produjo cuando un cliente exigió que la chica no llevase el velo para prestar sus servicios dentro de sus instalaciones. Micropole así se lo lo trasladó a Bougnaoui pero ésta se negó, lo que derivó en su despido.

"Neutralidad indumentaria"

En efecto, se trata de dos casos diferentes pero relacionados entre sí. En el primer caso, el TJUE sí daría su plácet al despido, mientras que en el segundo, no. Es decir, sí se puede prohibir el velo cuando hay un reglamento general y que a afecta a todos por igual, pero no se puede vetar si es sólo para contentar a un cliente. El fallo, en este sentido, se hace eco de la directiva comunitaria específica sobre la materia que estipular que no hay discriminación directa o indirecta si estos reglamentos "tratan por igual a todos los trabajadores de la empresa si se les impone una neutralidad indumentaria general e indiferenciada".

El Tribunal, con sede en Luxemburgo, aclara que lo que sería discriminatorio es que haya "una desventaja particular a aquellas personas que profesan una religión o tienen unas convicciones determinadas". No obstante, matiza que incluso en este caso, "la discriminación indirecta puede justificarse objetivamente con una finalidad legítima, como el seguimiento por parte del empresario de un régimen de neutralidad política, filosófica y religiosa en las relaciones con sus clientes".

Respecto a las exigencias de los clientes, el TJUE señala que "la voluntad de un empresario de tener en cuenta los deseos de un cliente de que los servicios de dicho empresario no sigan siendo prestados por una trabajadora que lleva un pañuelo islámico no puede considerarse un requisito profesional esencial y determinante" para justificar tal prohibición.

Sin legislación en España sobre el velo

En septiembre de 2016, Takwa Rejeb decidió que quería ir con la cabeza cubierta con un pañuelo para estudiar un grado superior de Turismo de Formación Profesional en el instituto público Benlliur de Valencia. La dirección era inflexible: ninguna prenda puede cubrir las testas de los estudiantes. La norma interna creada en 2009, pensada para gorras o sombreros, se aplicó sin excepción. Después de un tira y afloja, la Generalitat valenciana intervino y permitió que la estudiante fuera a clase con la cabeza cubierta. Ella no escondió que estaba "feliz" con esta decisión.

Una situación que no ha sido la última. Los colegios e institutos tienen plena potestad para determinar las normas de vestimenta de sus alumnos, dándose la circunstancias que en comunidades como Madrid, la mitad de los institutos permiten el hiyab y la otra mitad. Esa situación la vivió Najwa Malha en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Con 16 años, acudía al IES Camilo José Cela para estudiar cuarto de la ESO cuando decide llevar el pañuelo. Cuatro profesores escribieron unos advertimientos en los que se indicaba que estaba violando las normas del centro educativo. No se puede ir con la cabeza cubierta. Al igual que Takwa.

Algunos compañeros le apoyaron -acudieron con capucha y fueron explusados- y comenzó a dar clases en la sala de visitas apartada del resto para que llevara el velo. Hasta que se hartó y cambio de instituto en donde sí está permitido el hiyab. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid le daba la razón al centro educativo, aunque sin entrar en un ataque a al libertad religiosa defendida por la familia. Un derecho fundamental que tampoco pueden legislar los ayuntamientos, como señaló el Supremo al suprimir la ordenanza de Lleida en espacios municipales. "La sentencia destaca la necesidad de la regulación por ley", indicaba el ato tribunal hace cuatro años. Esta semana, en cambio, un juzgado de Primera Instancia de Palma sí entendió un ataque a la libertad religiosa que Acciona impidiera a una empleada usar el hiyab

 

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