Se trata del segundo procedimiento que lanza la Comisión Europea contra el nuevo modelo de financiación de RTVE
La Comisión Europea ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información acerca de la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de pago en Radiotelevisión Española (RTVE). "A la CE le preocupa que esta tasa administrativa basada en los ingresos facturados por los operadores pueda ser incompatible con el derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", afirma un comunicado publicado hoy.
Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público.
El primero, abierto el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados.
El segundo, anunciado hoy, consiste en un procedimiento por supuesta infracción a la legislación europea sobre telecomunicaciones.
Según explicó el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.
La Comisión también archivó este jueves un expediente contra España después de que este país modificara su legislación para ajustarse a los requisitos de la directiva de servicio universal, sobre todo en materia de financiación.
España también ha convocado una licitación para las prestaciones de servicio de consulta de números de abonado en el ámbito de aplicación del servicio universal y ha puesto en marcha una consulta pública con vistas a una nueva designación de empresas para la prestación del resto del servicio universal (esto es, acceso desde una ubicación fija, teléfonos públicos de pago y guías telefónicas).
En junio de 2007, la Comisión había emprendido acciones contra España en relación con su mecanismo de designación y financiación de los proveedores de servicio universal. Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, los Estados miembros deben cerciorarse de que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar los proveedores del servicio universal. Sin embargo, las autoridades españolas parecían haber excluido al menos a una empresa que había manifestado su interés por prestar un elemento del servicio universal.
Los Estados miembros también pueden conceder a los proveedores del servicio universal compensación por ofrecer estos servicios en caso de que consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores y previa petición del operador designado. Sin embargo, la legislación española daba a entender que estos requisitos no eran necesarios antes del establecimiento de un mecanismo financiero.
Con los cambios realizados en la legislación española, Bruselas cree que se resuelven estos problemas y por ello archiva el caso.
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