Salanueva insistió en que la falta de financiación "no es la única" causa de renuncia y apuntó que "ningún adjudicatario da un motivo de por qué rechaza la vivienda"
La consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, Amelia Salanueva, informó hoy de que el número de renuncias a viviendas de protección oficial de 2006 a 2009 en Navarra asciende a 550, "cifra que supone menos del 6 por ciento del total". Salanueva compareció hoy en la comisión de Vivienda y Ordenación del Territorio del Parlamento de Navarra para informar, a petición de IUN, de las iniciativas que se van a tomar para garantizar el acceso al crédito hipotecario a los adjudicatarios de vivienda protegida.
En cuanto a las causas de las renuncias, la consejera insistió en que la falta de financiación "no es la única" y apuntó que "ningún adjudicatario da un motivo de por qué rechaza la vivienda". "La mayoría de ellas puede deberse, aunque no nos consta, a una falta de financiación, pero no todas se producen en el momento de la firma de escritura", puntualizó.
Salanueva informó, además, del número de renuncias registradas el pasado año, que llegaron a las 255 y reconoció que "se han incrementado", aunque también apuntó que esta cifra "no sólo se refiere a contratos visados en 2009, sino a contratos visados también en 2008, 2007 y 2006". "En 2007, cuando prácticamente se concedían todos los préstamos, se produjeron 66 renuncias", añadió.
Por otro lado, la consejera defendió que "las medidas implementadas por el Gobierno de Navarra en forma de subvenciones directas, desgravación fiscal, avales, o medidas complementarias en la cuenta vivienda, están ofreciendo soluciones a los navarros".
En concreto, recordó que el Gobierno de Navarra tiene suscrito un convenio con entidades bancarias mediante el que "se han aprobado en los últimos diez años 10.829 préstamos, de los que 8.247 se destinaron a la adquisición de una vivienda protegida". "En 2009 se aprobaron al amparo de dicho convenio 1.293 préstamos para vivienda protegida", apuntó.
Además, sostuvo que "sólo en 2009 se abonaron 24,7 millones de euros en subvenciones para la compra de una vivienda protegida, ayudas de las que se beneficiaron un total de 1.831 adjudicatarios". Además, resaltó que "acceden a la ayuda el 90 por ciento de los adjudicatarios de VPO y el 80 por ciento de los de VPT".
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno de Navarra avale a las personas que renuncian a una vivienda protegida por falta de capacidad económica, Salanueva insistió en que es una "irresponsabilidad". "Sería un comportamiento de riesgo en el que el Gobierno foral no está dispuesto a colaborar", indicó.
En el turno de intervenciones de los grupos, el portavoz parlamentario de IUN, Ion Erro, acusó a Salanueva de "autocomplacencia", así como de "echar balones fuera" en lo relativo a las causas de las renuncias. Así, insistió en que el número de renuncias en 2009 "se ha cuadruplicado respecto a las registradas dos años antes". "Es un número más que llamativo porque representa el 20 por ciento de las viviendas adjudicadas en 2009", criticó.
Ante estos datos, Erro reclamó a la consejera que "intervenga en el mercado de la vivienda" y le preguntó "por qué el Gobierno de Navarra puede avalar a las empresas, con sus riesgos, y no a los ciudadanos".
En contra de estos argumentos, en representación de UPN, Amaya Otamendi destacó el "esfuerzo económico que se hace desde el Gobierno de Navarra", así como el hecho de que "el 90 por ciento de los adjudicatarios reciben algún tipo de subvención". Además, argumentó que "no se puede avalar con fondos públicos a las personas que no tienen capacidad económica".
En la misma línea que IUN, el portavoz parlamentario de Nafarroa Bai, Txentxo Jiménez, llamó a la consejera a "avalar el cien por cien de las viviendas protegidas". A este respecto, valoró que "en el peor de los casos, tendríamos que hacer frente sólo a 255 casos". Además, defendió que "la Administración siempre estaría en mejores condiciones de recuperar la titularidad pública de esas viviendas".
Finalmente, por parte del PSN, José María Vázquez opinó que el planteamiento defendido por NaBai e IUN es "un tanto demagógico". Sin embargo, instó al Gobierno foral a "cerrar un convenio con las entidades financieras para que mejoren la problemática de la concesión de préstamos hipotecarios a las personas".
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