Con la próxima ley, la duración del régimen de protección de las VPO se mantendrá en 30 años, como hasta ahora
Se presentó en rueda de prensa el pasado mes de mayo como una de las principales novedades del anteproyecto de Ley Foral del Derecho a la Vivienda de Navarra, que pactaron el antiguo consejero foral de Vivienda, Carlos Esparza (CDN), y el PSN, pero finalmente no será realidad: el régimen de protección de las VPO no durará de forma indefinida.
La nueva consejera de Vivienda, Amelia Salanueva (UPN), que sucedió el pasado 1 de octubre al destituido Esparza, y el PSN han variado el primer texto acordado y han pactado que la duración del régimen de protección se mantendrá como con la actual ley, vigente desde 2004. Ésta expone que una vivienda protegida de compraventa lo es durante 30 años. Durante este periodo, si el adjudicatario quiere vender la vivienda debe hacerlo a precio de vivienda protegida y, sólo una vez transcurridos 30 años, lo puede hacer a precio de vivienda libre. Por su parte, las viviendas protegidas de alquiler mantienen su calificación durante 15 años y, al pasar éstos, pueden venderse como libres. El anteproyecto que pactaron Carlos Esparza y los socialistas, cuyo curso se vio interrumpido por la destitución del primero a raíz de la ruptura del pacto entre UPN y CDN, exponía que el régimen de las viviendas protegidas, tanto con destino a la compraventa como al alquiler, iba a tener una vigencia permanente. Es decir, que, en caso de venta, siempre debía ser a coste de protegida. No obstante, permitía que las VPO de alquiler pudieran ser vendidas una vez pasados 20 años, pero a precio de vivienda protegida, no libre.
"El precio de la vivienda libre ha bajado mucho y, cuantos más hándicaps pongamos a la vivienda protegida, peor. 30 años es un tiempo más que suficiente. La calificación permanente ahora podría ser un efecto disuasorio. Esto no quita para que en el futuro se pueda plantear", indican desde el departamento de Vivienda para explicar el cambio de criterio. Por su parte, en el PSN repiten argumentos. "La tendencia del mercado ha cambiado, lo que nos obliga a reconsiderar la primera decisión. Dejar la calificación en 30 años se antoja justo", dicen. Desde ambas partes reconocen, además, que tanto en UPN como en el PSN había diferentes opiniones respecto a la calificación permanente.
La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) también solicitó el pasado mes de junio que la duración de la protección se mantuviese como hasta ahora. "Nuestra decisión coincide con la propuesta de la ACP, pero ha sido más fruto de una reflexión interna de carácter técnico", aseguran en Vivienda.
El 16, a sesión de Gobierno
Según explican desde Vivienda, el nuevo borrador de ley que se ha pactado respeta mayoritariamente el resto de lo que recogía el anterior, como la elaboración de un censo único y permanente de solicitantes de VPO; la creación de un baremo de adjudicación para las VPO en propiedad y otro para las de alquiler; la elevación de los ingresos mínimos para optar a una VPO de los 9.000 euros anuales actuales a 12.000 y, en las VPT, de 12.000 a 15.000 ("las personas con rentas más bajas no pueden acceder a préstamos hipotecarios y para ellos vamos a potenciar el alquiler", apuntan desde Vivienda); o la ampliación del porcentaje obligatorio de viviendas protegidas en una promoción del 50% actual al 70%, pero con la posibilidad de quedarse en el 50% en caso de inviabilidad.
Sin embargo, otra de las modificaciones afectará al título de la ley, tal y como explican en Vivienda. Mientras el proyecto pactado por Esparza y PSN era el de la Ley Foral del Derecho a la Vivienda, el de Salanueva y los socialistas será el de la Ley Foral de Acceso a la Vivienda. El plan es que la próxima semana el proyecto se llevé a la comisión de Régimen Local y el lunes 16 se estudie en sesión de Gobierno para su aprobación y remisión al Parlamento, en el que deberá aprobarse una vez superado el debate de las enmiendas para poder entrar en vigor.
Desde el departamento de Vivienda afirman que "no está previsto" que el texto de la ley que tenga que aprobar el Gobierno incluya que las cooperativas, entre ellas las sindicales, puedan adjudicar sus viviendas según sus propios estatutos, tal y como demandó el PSN. Así, a los socialistas les quedaría la vía de la enmienda parlamentaria como única vía de inclusión en la ley. "Tenemos que analizar qué hacer, en función de cómo se posicionen quienes hacen cooperativismo en Navarra", apuntan fuentes del PSN.
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Adjudicatarios de VPO en Ardoi (Zizur Mayor), en el balcón de su vivienda. JAVIER SESMA
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