El planteamiento original del complejo de alta velocidad tenía a los mismos socios actuales con participaciones distintas. En manos de Construcciones Samaniego estaba entonces el 55% mientras al Gobierno de Navarra pertenecía el 45% restante. La situación económica actual llevó a ambas partes a replantearse un reparto que hoy convierte al Ejecutivo en el titular mayoritario con un 95% frente al 5% de la constructora, que ejecuta las obras.
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