Las reclamaciones relativas al bilingüismo aumentan por la actividad del observatorio lingüístico
Los nueve primeros meses del año han sido muy intensos para el Defensor del Pueblo en Navarra: el número de quejas presentadas por los ciudadanos ante esta institución ha crecido un 42,86% con respecto al mismo periodo del año pasado, ya que hasta el pasado día 30 de septiembre se habían presentado 680 quejas, mientras que en los primeros nueve meses de 2008, el número ascendía a 476.
Así lo pone de manifiesto un informe sobre la actividad de la institución que dirige Javier Enériz, en el que también se refleja que el incremento de las quejas, y en consecuencia de las investigaciones practicadas por el Defensor a instancia de los ciudadanos, ha supuesto que la institución tenga menos capacidad para actuar de oficio y elaborar informes especiales. Estas dos actividades que desarrolla el Defensor han experimentado un retroceso con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado: hasta el 30 de septiembre de 2008, el Defensor actuó en 25 ocasiones motu propio, mientras que este año ha dirigido 19 actuaciones de oficio, es decir, un 24% menos. Además, este año ha emitido 4 informes especiales, mientras que en los primeros meses del año pasado suscribió 6.
La razón, explica el informe, es que la oficina del Defensor ha centrado principalmente su actividad en la función prioritaria para la que se creó esta institución, que es la de investigar y resolver los asuntos por los que los ciudadanos presentan sus quejas.
En este sentido, el informe destaca que el mayor número de quejas de los ciudadanos ha sido este año relativo al bilingüismo (15% total de las quejas). Este incremento se explica por la actividad de la Fundación Observatorio de los Derechos Lingüísticos, Behatokia, que recoge y remite al Defensor todas las quejas que se presentan por los ciudadanos en relación con el euskera. El informe explica que se trata en su mayoría de quejas sobre la falta de atención en euskera por parte de la Administración en la zona mixta, en la que la atención en euskera a los ciudadanos se rige por el principio de voluntariedad.
El siguiente bloque de quejas más numeroso, y "con carácter más sustantivo", subraya el informe, es el relativo a materias de Asuntos Sociales, que representa el 10% del total de las quejas presentadas. El Defensor destaca el incremento de quejas relativas a menores y a la conciliación de la vida laboral y familiar, mientras que siguen siendo escasas las quejas relativa a la aplicación de la ley de Dependencia (de las 68 quejas registradas, sólo 8 se refieren a dicha ley).
El tercer lugar lo ocupan las quejas relativas a la función pública, y representan casi un 9% del total. Fundamentalmente se refieren a las ofertas públicas de empleo y plantean discrepancias con los requisitos exigidos, con la actuación de los tribunales, valoración de ejercicios o defectos de procedimiento. También se han planteado quejas sobre el régimen jurídico aplicable a los funcionarios en cuestiones como retribuciones, licencias y carrera profesional. En este ámbito, destaca el informe, es en el que se han incrementado las quejas relativas a la falta de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Las quejas sobre vivienda y educación representan el cuarto bloque, con un 8% del total. Las quejas en materia de vivienda se refieren, en su mayor parte, a la adjudicación de VPO con el nuevo baremo que se aprobó con la última ley foral de Vivienda. En cuanto a las quejas de Educación, destacan las que se refieren a la oferta de plazas y a las tarifas del ciclo educativo de cero a tres años, así como a los criterios de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Las quejas plantean, por ejemplo, la disconformidad de los padres con la delimitación de Pamplona y Comarca como zona única a efectos de escolarización, o la necesidad de que los sorteos con los que se adjudican determinadas plazas sean públicos.
El informe del Defensor refleja que siguen siendo numerosas las quejas relativas a la lesión de los derechos de los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas (7,6% del total), mientras que las quejas relativas a la sanidad han disminuido considerablemente hasta situarse en el 5,7% del total..
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Javier Enériz, Defensor del Pueblo de Navarra. J.A. GOÑI
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