Los sindicatos priorizarán las mejoras sociales en el convenio de Función Pública

Las partes negociadoras de la mesa general de Función Pública, ayer, en su primera reunión. CALLEJA

Las horas bajas que vive la economía y las dificultades del Gobierno foral para estirar sus presupuestos son el telón de fondo con el que ayer se inició en la planta baja de Diputación la negociación del convenio de Función Pública. En él se va a decidir sobre las condiciones laborales de los 25.000 funcionarios y trabajadores contratados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. Que no son estos los mejores tiempos para ganar poder adquisitivo lo tienen claro casi todos.

Desde luego que la patronal, en este caso el Gobierno foral, ya que plantea un convenio a tres años en el que ofrece "garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo". Es decir, ni una décima por encima del coste de la vida en Navarra. La diferencia entre los incrementos salariales de cada año y el IPC real sería consolidada a partir del 1 de enero de 2012, pero lo que no ha dicho el Gobierno foral es si va a incrementar, y cuánto, los salarios en cada uno de los años de vigencia. El Estado aplicará un 0,3% directo en cada uno. La sensación mayoritaria de la parte sindical es que en lo salarial no habrá excesivo margen de mejora, pero sí en los derechos sociales de los trabajadores.

Dos semanas de reflexión

Javier Barinaga (CC OO) quien calificaba de "corto" el documento del Gobierno para una firma a tres años, subrayó que la oferta salarial "como mínimo deberá ser la que ha ofrecido el Estado a sus funcionarios, teniendo en cuenta que ha aplicado un 0,3% al salario y otro 0,3% a sus fondos de pensiones". Desde UGT, Conrado Muñoz valoraba de forma positiva la apertura de la mesa y la presencia en ella del consejero Javier Caballero "tras dos años sin concertación" e insistía en que el acuerdo de Madrid "sirve para Madrid y Navarra tiene potestad para negociar el suyo". Juan Carlos Laboreo (AFAPNA) recalcaba esa idea y aclaraba que no les gustaba que el convenio sea de tres años. Añadía que la cláusula de revisión salarial "debe aplicarse a año vencido". Imanol Pascual (ELA)valoró negativamente el documento porque "no implica compromisos de mejora de las condiciones laborales de los trabajadores" y por parte de LAB se subrayó que "siguen sin darse respuesta a las principales reivindicaciones del personal y a los problemas de que adolece la prestación de los diferentes servicios públicos". La próxima semana se reunirán los sindicatos para definir su estrategia.

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