La residencia geriátrica "Ciudad Jardín" de Sarasa lleva casi veinte años prestando sus servicios, según el equipo directivo "a más de 1.500 ancianos", dependientes y válidos. "Cumplimos con todas las exigencias", señalaban ayer varios miembros del equipo directivo en un comunicado. Según aseguraron los responsables, el centro geriátrico dispone de "un informe pericial de arquitecto visado que certifica punto por punto la idoneidad del edificio, cumpliendo de este modo con la normativa vigente para su correcta gestión".
Asimismo, dicen en este comunicado que también cuenta con "varios informes técnicos de organismos de control (OCAS), que controlan el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, aparatos elevadores, alta tensión y todo lo relacionado con sus instalaciones". Además, añaden que desde el año 2005 el centro geriátrico dispone de una autorización de funcionamiento y cumple todas las exigencias que contempla la ley" (el Decreto Foral 2009/1991, de 23 de mayo). "Queremos aclarar que estamos en disposición de los documentos necesarios y que no se nos tache de irregulares, además de aclarar todas las cosas erróneas que se están diciendo de nosotros y del centro", dijeron.
Contra la ley
Por otro lado, recalcaron que para llevar a cabo la suspensión cautelar y las correspondientes sanciones, el departamento de Asuntos Sociales no ha respetado, a su juicio, el principio de igualdad. "Han aplicado una ley sin desarrollar en el reglamento, por lo que están violando la Ley Foral 15/2006 de 14 de Diciembre, al mismo tiempo que están dando publicidad a imputaciones en fase de alegaciones", mantuvieron desde la directiva del cetro geriátrico.
Por ello, los directivos expresaron su malestar ante el trato recibido por el Gobierno de Navarra, ya que afirman que el Ejecutivo "tiene intención de acabar con cualquier iniciativa privada que tengan personas como nosotros en este tipo de negocios".
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