La oferta pública de empleo del próximo año cubrirá como máximo el 15% de la tasa de reposición
El Gobierno destinará 50 millones de euros para financiar el incremento salarial del 0,3% para los funcionarios en el año 2010, que contempla el acuerdo para la función pública 2010-2012 firmado ayer con los sindicatos en el marco del diálogo social, tal y como anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
De la Vega, que se reincorporó ayer al trabajo tras ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada, firmó el acuerdo con los líderes sindicales de la función pública, Julio Lacuerda, de UGT; Enrique Fossoul, de CC OO, y Domingo Fernández, de CSI-CSIF.
Además, el Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos de 2010 los criterios por los que se regirá la oferta de empleo público el año que viene, de forma que el total de plazas públicas no superará el 15% de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideren "esenciales y prioritarios".
Cláusula de revisión salarial
Sin embargo, esta limitación no se aplicará al ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo o las instituciones penitenciarias.
El acuerdo, que se desarrollará en los próximos tres años, incorpora un total de 50 medidas para el incremento de la calidad y la eficacia de los servicios públicos, la reforma y modernización de la administración y la mejora de las condiciones de trabajo.
En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios, con una subida salarial del 0,3% en 2010 y se ha acordado, por primera vez en la Administración del Estado, una cláusula de revisión salarial por la que el Ejecutivo se compromete a compensar en 2012 la pérdida de poder adquisitivo si se produjera.
De la Vega aseguró que, en un momento de dificultades como el actual, el diálogo social es, si cabe, "más necesario que nunca", por lo que el acuerdo de hoy supone, a su juicio, una "importante contribución" al diálogo.
"Desde las legítimas posiciones que cada uno defiende, el acuerdo es posible, necesario y de justicia, es lo que exigen los españoles a empresarios, sindicatos, partidos políticos y poderes públicos en tiempos de crisis", añadió la vicepresidenta, tras confiar en que el espíritu de este acuerdo "sirva de estímulo" para la reactivación del diálogo social entre empresarios y sindicatos sobre la negociación colectiva.
El representante de UGT, Julio Lacuerda, celebró el acuerdo por tratarse de un compromiso "valiente y contundente" que contribuirá a superar la crisis bajo la premisa de que el gasto en servicios públicos es "la mejor inversión". Enrique Fossoul (CC OO) aplaudió el "mejor acuerdo posible" en el "peor" escenario económico, y confió en que el Gobierno cumpla con todo lo pactado.
Domingo Fernández (CSI-CSIF) afirmó que "el diálogo social es el instrumento necesario que va a permitir racionalizar y modernizar las administraciones".
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De izquierda a derecha, Enrique Fossoul (CC OO), la vicepresidenta Fernández de la Vega, Domingo Fernández (CSI-CSIF) y Julio Lacuerda (UGT). EFE
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