El Gobierno de la comunidad autónoma considera sin embargo que todos los estudiantes deben cursar la asignatura
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó una resolución que supone una nueva vuelta de tuerca en la polémica por la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el derecho de los padres a la objeción de conciencia respecto a esta asignatura y libra a los alumnos de estudiar esta asignatura. De esta forma el tribunal contradice la sentencia del Tribunal Supremo.
A pesar de la resolución judicial, la Junta de Castilla y León considera que todos los escolares deben estudiar esta materia porque forma parte del currículo de la enseñanza no universitaria. El presidente del Gobierno autonómico, Juan Vicente Herrera, consideró que el dictamen sólo puede afectar a los alumnos cuyos padres acudieron a la vía judicial para defender sus derechos: "No puede hablarse de una resolución que puede extenderse al resto de la sociedad". El Gobierno central también anunció que recurrirá la sentencia.
En una extensa argumentación el tribunal expone como razones para reconocer el derecho de objeción "la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes".
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