Madrid acogió el Consejo Interterritorial sobre la Dependencia y aprobó dos acuerdos, uno para formar a los cuidadores
Navarra, a través de la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, volvió a reclamar ayer a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que su Ministerio cumpla con "el compromiso prometido" de que el Estado aporte el 33% para la financiación del sistema de atención a la dependencia, tal y como establece la propia ley. "Actualmente sólo está aportando el 8%", recordó, vía descuento en el convenio económico entre la Comunidad foral y el Estado.
Madrid acogió ayer una nueva reunión del pleno del Consejo Territorial para la Dependencia, en el que se aprobaron de forma unánime dos acuerdos, el primero, sobre el sistema de información y estadísticas. García Malo recordó que "Navarra ha pedido en varias ocasiones que los datos sobre aplicación de la ley se elaboren con criterios comunes y de forma "veraz y coherente con la realidad". Por ello, pidió que "no se consideren oficiales las estadísticas hasta que la comisión delegada no las consensúe".
El segundo acuerdo versó sobre promover una mayor formación de los cuidadores familiares mediante cursos, tanto para atención al dependiente como para cuidar al propio cuidador.
Más tarde, la consejera navarra mostró su "preocupación" por la financiación estatal, que calificó de "claramente insuficiente". "El peso de la aplicación de la Ley de Dependencia lo estamos llevando las comunidades autónomas", cuando atender a las personas dependientes es, recordó, "cosa de todos, un esfuerzo común". "La financiación estatal prometida y obligada por ley no está llegando a las comunidades y nos está dificultando el mejor y más completo desarrollo de la ley", recordó. Si a ello se añade, dijo, la actual crisis que ha reducido también los ingresos de las administraciones autonómicas, el sistema "no va a ser viable".
Por tanto, reclamó al Ministerio que aumente la cuantía hasta cumplir con el 33% de los niveles mínimo y acordado. Además, y como han reclamado otras CC AA, pidió que se corrijan los criterios de reparto de la financiación estatal. En concreto, García Malo propuso que se realice según las prestaciones con las que se atiende a las personas dependientes con derecho reconocido y no sólo en función del grado de dependencia como se hace ahora. Y es que, añadió, no es lo mismo atender a un usuario con una plaza residencial que con ayuda a domicilio o con teleasistencia... La ministra, por su parte, dijo que, pese a la crisis, el Gobierno "mantendrá el nivel presupuestario". Pero no dijo nada sobre aumentos.
También ayer la senadora de UPN, María Caballero, preguntó al Gobierno central "cuando piensa sufragar" la parte del coste que le corresponde.
Descontento entre las CC AA
Otras comunidades también han mostrado su descontento, durante el Consejo o en declaraciones a medios de comunicación. Y con gobiernos de todos los colores. Así, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid, entre otras, han pedido un modelo de financiación "según la ayuda que reciba la persona dependiente", por ser más "acorde con los costes reales". Y es que no sólo hay diferencia entre el coste de unas y otras prestaciones, sino también entre una plaza en el entorno urbano o en el rural y entre el coste y el volumen de cada tipo de prestaciones en cada CC AA.
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La consejera Maribel García Malo y la ministra, Trinidad Jiménez, antes de la reunión en Madrid. EFE
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