"La actuación no se ajustó al procedimiento administrativo"
El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea Ruiz, ha sido absuelto del delito de prevaricación del que era acusado por la adjudicación de dos viviendas de VPO en 2005 sin ajustarse al procedimiento administrativo.
La sentencia del Juzgado de lo Penal nº3, hecha pública ayer, considera probado que hubo "una irregularidad", pero estima que el primer edil, entonces en las filas de Izquierda Unida, no era conocedor "de la irregularidad que se estaba cometiendo", por lo que aplica el principio de in dubio pro reo,ya que "consta que nadie le advirtió de la irregularidad". El fallo admite recurso.
El fiscal pedía para Casimiro Larrea 8 años de inhabilitación por adjudicar en 2005 dos viviendas de protección oficial de una promoción de 2003 a dos vecinas que no habían participado en el proceso de adjudicación, pero que solicitaron esas dos viviendas al conocer que habían quedado vacantes. "Omitiendo iniciar otro procedimiento administrativo", escribe el juez, "se les adjudicaron las dos viviendas vacantes a esas dos personas".
En un pleno municipal de 2006, continúa el fallo en su apartado de hechos probados, Larrea declaró que se habían adjudicado esas dos viviendas "a dedo", por lo que el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra solicitó que se le enviara toda la documentación al respecto. "Dicha documentación no fue remitida explicando que había sido destruida por la entidad gestora de Iturgain S.A (la sociedad pública del Ayuntamiento), es decir, por Aranande (la promotora que gestionaba el urbanismo de Orkoien)".
"No actuó a sabiendas"
El juez considera que "no ha quedado acreditado" que el alcalde cometiera el delito de prevaricación porque "no actuó con conocimiento de la irregularidad que se estaba cometiendo", y para que se dé este tipo de delitos es necesario probar que el funcionario que los cometa actúe "a sabiendas". Argumenta esta conclusión con el hecho probado de que en la junta en la que se acordó la adjudicación estaban presentes dos abogados, el secretario y el asesor de Aranade, "y ninguno advirtió de la presunta irregularidad". Este dato, "objetivo", avala la declaración de inocencia del acusado, prosigue la sentencia, "en el sentido de que no era conocedor de la irregularidad, antes al contrario, pensó que si los técnicos no ponían reparos en la actuación, era porque ésta era ajustada a derecho". Y en cualquier caso, agrega el juez, "siembra la duda acerca del conocimiento del acusado de la antijuridad de su actuación o proposición de adjudicación a la junta". La sentencia recoge que el alcalde reconoce los hechos pero alega que actúo sin interés espúreo y en el convencimiento de la legalidad, "aceptando como dato no controvertido que no hubo beneficio personal en su actuación".
Sobre la adjudicación, el magistrado sostiene que "no se ajustó al procedimiento administrativo" porque, fundamentalmente, "se decidió una adjudicación de vivienda sin expediente administrativo previo". Por lo tanto, "hubo una irregularidad" y una actuación "de inobservancia del procedimiento". Sin embargo, matiza que no puede identificarse "de forma automática la omisión del procedimiento con la calificación de los hechos como un delito de prevaricación", escribe el juez, que destaca las declaraciones de las testigos y las empleadas de Aranade en la vista oral de enero "no son muy claras".
El alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, en una comparecencia anterior ante la prensa. JOSE CARLOS CORDOVILLA
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