El Juzgado de Instrucción nº1 de Huelva dictó el auto de incoacción del sumario, paso previo al auto de procesamiento
La juez que instruye el caso por la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, desaparecida de su casa en enero de 2008, encontró indicios de delitos de asesinato y abusos contra la libertad sexual en el principal implicado en el caso, Santiago del Valle. En el juicio, que previsiblemente se celebrará tras el verano, su hermana Rosa podría ser acusada también inicialmente de asesinato, mientras que su mujer, Isabel García, estaría implicada únicamente en un delito de encubrimiento.
El juzgado de instrucción número 1 de Huelva dictó el auto de incoación del sumario, paso previo a que se formule el auto de procesamiento, en el que se concretarán los cargos y el grado de participación de cada implicado en la desaparición y muerte de la niña y las posibles penas a las que se enfrentarían, y la apertura del juicio oral, según confirmaron fuentes judiciales.
En este sentido, y después de recibir las últimas pruebas científicas y la autopsia encargada por la familia Cortés al experto forense Luis Frontela, -que difiere de la oficial en que la niña fue arrojada ya muerta al agua- la juez señala que hay indicios de la comisión de un delito de asesinato y contra la libertad sexual por parte de Santiago del Valle.
Alarma social
También aprecia delito de asesinato en el caso de su hermana Rosa y de encubrimiento en el de su mujer, la única que permanece en libertad, según adelantó ayer el diario local Huelva Información.
Una vez que, en unas tres semanas, la juez instructora dicte el auto de procesamiento, las partes deberán estudiarlo y decidir si lo recurren o solicitan nuevas pruebas.
El caso generó una gran polémica sobre las negligencias y falta de medios y personal al comprobarse que, cuando ocurrieron los hechos, Del Valle debería estar cumpliendo condena en la cárcel por los presuntos abusos sexuales a una de sus hijas.
Del Valle no entró en prisión por una serie de retrasos en la ejecución de la condena, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial sancionara con una multa de 1.500 euros al juez encargado de ejecutarla, Rafael Tirado, mientras que la secretaria judicial, Juana Galvez, fue sancionada inicialmente a dos años de suspensión, aunque la pasada semana le fue rebajado a seis meses.
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Santiago del Valle. EFE
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