Navarra aprueba más medidas sociales contra la crisis

El departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navara va a poner en marcha un conjunto de medidas sociales ante la crisis económica, por valor de 2 millones de euros, que serán complementarias a las ya emprendidas por el Ejecutivo foral. Las nuevas medidas se dirigen a grupos de especial vulnerabilidad ante la actual situación de crisis y están vinculadas al empleo y a la vivienda.

En concreto, se distinguen cuatro nuevos programas: un nuevo programa especial de empleo social, motivado por la crisis económica y por su repercusión en personas que tradicionalmente no se encontraban en desempleo, un proyecto relacionado con la atención integral a personas con enfermedad mental, un programa de vivienda de alquiler de integración social, y una última medida que afecta a la simplificación del procedimiento y los plazos en la tramitación de la renta básica.

La consejera María Isabel García Malo informó esta mañana en rueda de prensa del contenido de estos programas, que vienen derivados de las aportaciones recibidas en el marco del Grupo de Trabajo de Carácter Social ante la Crisis constituido el pasado mes de febrero, y del consenso alcanzado en esta materia con los ayuntamientos.

En este acto informativo también intervinieron el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, José Carlos Esparza; el parlamentario del PSN Javier Monzón; el vicepresidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Jose María Irisarri, y el representante de Cruz Roja Juan José San Martín, que actuó en calidad de representante del resto de entidades que componen el grupo (Cáritas, Red de Lucha contra la Exclusión, Banco de Alimentos, Fundación Gaztelan, Departamento de Migraciones de UGT y ANAFE).

Según García Malo, las nuevas medidas complementan a otros programas ya puestos en marcha y dirigidos a favorecer el empleo de las personas más desfavorecidas y que son preceptores de servicios sociales.

En concreto, el nuevo programa especial de empleo social reúne tres características principales: la primera es que las personas a contratar deben ser necesariamente perceptoras de renta básica y con cargas familiares; la segunda, que la duración de los contratos será al menos de seis meses; y la tercera, que la subvención se aplicará íntegramente a conceptos salariales (sueldos y Seguridad Social), a diferencia del programa tradicional de empleo social protegido donde se financian salarios y acompañamiento social por personal de apoyo y formación.

De esta forma, la subvención por puesto de trabajo durante seis meses será del 140% del salario mínimo interprofesional anual, lo que corresponde a seis meses (6.115,20 euros).

El nuevo programa especial de empleo social permitirá la contratación de 325 personas que sumadas a las 700 contrataciones derivadas del tradicional Programa de Empleo Social Protegido, suman 1.025 empleos en 2009. Además, el nuevo programa cuenta con una financiación extra, ya aprobada, de 1.987.440 euros, que no estaba contemplada en los presupuestos generales de 2009.

La segunda medida de carácter social tiene que ver con la puesta en marcha de un proyecto piloto de atención integral en medio abierto a personas afectadas por enfermedad mental.

Este nuevo programa, realizado en colaboración con el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, consiste en facilitar a un grupo de cuatro personas con problemas de salud mental, que actualmente residen en pensiones, alojamiento y atención integral en un entorno normalizado, así como el acompañamiento social adecuado a sus necesidades. Para ello, se les ofrece un piso donde tendrán cubiertas sus necesidades de tipo asistencial, como alojamiento, alimentación, higiene o vestuario.

El presupuesto que se destinará este año a este programa en concepto de equipamiento, adecuación de espacios y acompañamiento social, se acerca a los 45.000 euros, a los que hay que añadir el coste de la vivienda, cedida por el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Vivienda de alquiler de integración

La tercera medida está orientada a posibilitar el acceso a una vivienda en alquiler a aquellas familias que no han podido acceder a través de otros programas de protección oficial, o que no están en condiciones de esperar a promociones posteriores. Se trata del programa de vivienda de alquiler de integración social (VAIS) y se dirige a unidades familiares en situación de exclusión social cuyos ingresos no superen el IPREM.

Vivienda se encarga de adjudicar el piso y de subvencionar el 75% del alquiler y Asuntos Sociales subvenciona la valoración social previa de las unidades familiares solicitantes de VAIS, el acompañamiento y posterior seguimiento, en concepto de valoración social de la unidad familiar solicitante, 30 horas de un trabajador o trabajadora social, por cada vivienda; en concepto de acompañamiento social en el proceso de incorporación social, 6 horas de un trabajador o trabajadora social cada mes del primer año; y en concepto de funcionamiento de la entidad, el equivalente a 75 euros por cada unidad familiar en proceso de valoración o de seguimiento.

En el marco de este programa se va a intervenir en cinco viviendas por cada entidad colaboradora, lo que representa un total de 25 viviendas.

El Presupuesto que destina el departamento de Asuntos Sociales para 2009 es de 21.776 euros para sufragar los gastos de acompañamiento y seguimiento, y de un máximo de 213.125 euros para las 25 viviendas en concepto de equipamiento, contratación de suministros, etc.

La cuarta medida presentada en rueda de prensa tiene que ver con los plazos y el proceso de tramitación de la renta básica. Ante el incremento de solicitudes de renta básica entre abril de 2009 y abril de 2008 (que ha supuesto un incremento interanual del 82,08%) el Gobierno de Navarra buscará conseguir una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y acortar los plazos de estos trámites.

En concreto, como fruto del consenso alcanzado con la Federación Navarra de Municipios y Concejos , se implantará en los servicios sociales de base un proceso simplificado y diferenciado "para aquellas solicitudes de renta básica realizadas por personas que se encuentran de forma coyuntural en una situación que les obliga a solicitarla, pero que no necesitan acompañamiento socio-laboral tan intenso puesto que tienen habilidades suficientes para reincorporarse al mercado laboral en cuanto mejore la situación económica".

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