El Constitucional francés censura la ley antipiratería de Sarkozy

El Consejo constitucional frances censuró hoy la parte más polémica de la ley antipiratería impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy que sanciona con la desconexión las descargas ilegales en la red. El organismo alega que el acceso a Internet es un derecho fundamental y retira el poder de sanción a la Alta autoridad para la protección de las obras en Internet (Hadopi).

En la decisión emitida hoy por el Constitucional después de que el Partido Socialistas solicitara su opinión el pasado 19 de mayo, se reprueba la llamada "respuesta gradual" prevista en el texto legislativo, es decir los avisos al infractor y la consiguiente desconexión de la red, al considerar que tienen varios elementos contrarios a la Constitución.

En primer lugar, los expertos del Constitucional estiman que la libertad de comunicación y de expresión enunciada en la Declaración de Derechos Humanos de 1789 implica hoy la libertad de acceder a los servicios de comunicación al gran público 'on line', a la vista del desarrollo generalizado de Internet y de su importancia para participar en la vida democrática y en la expresión de ideas y opiniones.

"El papel de la Alta autoridad es advertir al internauta que ha sido detectado pero no sancionarlo", advierte. Asimismo deja claro que esta labor, si tiene que ser llevada a cabo por alguien, corresponde efectuarla a un juez. Es exactamente la visión del Parlamento Europeo que el Gobierno francés reiteró que no tendría ninguna consecuencia en la legislación doméstica.

El segundo de los aspectos criticados por el Constitucional es la "presunción de culpabilidad" o la inversión de la carga de la prueba que instaura la ley, dado que la Hadopi prevé que sea el internauta supuestamente pillado en flagrante delito quien demuestre que no era él quien estaba cometiendo la ilegalidad.

En definitiva, el Constitucional tumba el núcleo duro de la ley antes incluso de su entrada en vigor y adopta una decisión histórica al elevar a derecho fundamental la libertad de acceso a Internet.

La ministra de Cultura, Christine Albanel, ha anunciado ya que completará la ley, aprobada el pasado 13 de mayo tras un rocambolesco proceso parlamentario, para que sea un juez quien ejecute el último tramo de la respuesta gradual.

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