El Gobierno no descarta el cierre de Garoña tras el informe del CSN

Carmen Martínez Ten, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear. EFE

El Gobierno, en boca del secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, no descarta la posibilidad de cerrar Garoña a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en un informe, se muestra a favor de ampliar su funcionamiento si refuerza la seguridad.

La presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, dio a conocer ayer los pormenores de la decisión que el pleno del Consejo tomó el pasado viernes de avalar la continuidad por diez años más de la central nuclear burgalesa, un órgano que, no obstante, ha exigido a la instalación que aumente su seguridad.

El dictamen del CSN no es vinculante para el Gobierno, que tiene un mes para hacer pública su decisión sobre Garoña. "No hay nada que se haya descartado y cualquier posibilidad está abierta", aseguró Marín, quien puntualizó que el Ministerio de Industria empezó a estudiar el documento ayer.

Estudio al detalle

Este texto será estudiado con detalle por el Ejecutivo, según Marín, quien añadió que la decisión final sobre el futuro de la central será adoptada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y que, dada la relevancia del asunto, podría elevarla al Consejo de Ministros, aunque no está obligado a hacerlo.

Tal y como detalló Martínez Ten, el informe del CSN exige a la instalación, cuya actual licencia de explotación acaba el próximo 5 de julio, dos años antes de que expire su vida útil, que introduzca modificaciones de diseño para reforzar la seguridad y cumplir la normativa más moderna exigida por el órgano regulador.

Este informe "condicionado" del CSN, que se aprobó por unanimidad, impone al titular de la planta (la empresa Nucleanor, participada por Endesa e Iberdrola) 15 condiciones, que incluyen tanto las aplicables a todas las centrales como las específicamente identificadas para Garoña.

Establece, además, unos plazos para cumplir las condiciones y en caso de que no fuera así, el CSN podría proponer al Gobierno revocar la licencia.

Las principales organizaciones ecologistas señalaron que es una "auténtica vergüenza" que el dictamen sobre Garoña "esté basado en criterios puramente políticos" y no técnicos. Por su parte, el Foro de la Industria Nuclear Española dijo que no hay razones "económicas, técnicas, medioambientales o de seguridad" para que el Gobierno decida cerrar la central.

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