Pone freno a todo tipo de promociones engañosas y a la publicidad "basura" por teléfono
El Consejo de Ministros dio ayer un espaldarazo a los derechos de los usuarios de telecomunicaciones al incrementar de manera notable su amparo ante los operadores, que deberán ahora ser mucho más rigurosos a la hora de de dar de alta o baja a sus clientes y en las modificaciones de los contratos.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha puesto en marcha el mecanismo legal para prohibir la publicidad "basura" por teléfono, que en el futuro podrá ser perseguida ante los tribunales, y para frenar las promociones agresivas, entre ellas el "spam" telefónico -las llamadas indiscriminadas de las compañías para vender sus productos-.
Este sistema rentabiliza al máximo el tiempo de los vendedores realizando llamadas aleatorias a todos los teléfonos a cualquier hora del día sin que los usuarios puedan evitarlo.
Los usuarios de telecomunicaciones disponen ya de una Carta de Derechos que, entre otras novedades, reduce de los actuales 15 a tan sólo dos los días de que disponen las "telecos" para dar de baja un contrato cuando así lo solicite el cliente.
La Carta persigue mejorar la libre competencia, la dinamización del mercado y, sobre todo, mejorar la capacidad de elección y actuación de los usuarios.
Más transparencia
Los contratos de telecomunicaciones deberán a partir de ahora incluir hasta 16 extremos (como los periodos mínimos de "atadura" o la vinculación exacta cuando el usuario recibe un teléfono de regalo) que garanticen el mayor grado de transparencia.
Los operadores deberán avisar con al menos 20 días de antelación de cualquier modificación unilateral de las condiciones. Si el cliente no acepta los cambios podrá rescindir el pacto sin coste alguno.
La denominada portabilidad (cambio de operador manteniendo el número) deberá gestionarse en un día. La Carta amplía también los poderes sancionadores de la Administración frente a los casos de altas fraudulentas sin el consentimiento del interesado.
La nueva regulación refuerza el derecho a una indemnización, que no necesitará reclamar el usuario, por cualquier interrupción del servicio. Ventaja que se aplicará si el coste del parón supera un euro en todo tipo de telefonía y si la avería se prolonga durante al menos seis horas en el caso de internet.
El Consejo de Ministros remitió también a las Cortes un proyecto de ley por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal con el objetivo de perseguir cualquier publicidad agresiva o contraria a la buena fe.
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Fernández de la Vega. EFE
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