Pidieron que la normativa comunitaria exija una autorización judicial previa para cualquier interrupción del servicio
El pleno del Parlamento Europeo tumbó hoy la reforma del sector de las telecomunicaciones en la que venía trabajando la UE durante casi dos años por considerar que no incluye suficientes garantías para el corte del acceso a Internet. Los eurodiputados pidieron que la normativa comunitaria exija una autorización judicial previa para cualquier interrupción del servicio que pueda producirse como sanción por descargas ilegales de contenido protegido por derechos de autor.
Con esta exigencia, la Eurocámara pretende frenar iniciativas como la ley francesa contra la piratería en Internet promovida por su presidente, Nicolas Sarkozy. De acuerdo con esta ley, una autoridad administrativa estará facultada para cortar de dos meses a un año el acceso a la red a quienes realicen descargas ilegales.
Los parlamentarios se rebelaron contra el acuerdo alcanzado la semana pasada entre los Gobiernos de los Veintisiete y representantes de la propia Eurocámara. El texto de compromiso final suprimía la exigencia de una autorización judicial previa para el corte de acceso. Se limitaba a señalar simplemente que cualquier medida que se tome respecto a los usuarios debe respetar sus derechos y libertades fundamentales y debe ser recurrible ante los tribunales.
Los eurodiputados desautorizaron este acuerdo al aprobar --con 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones-- una enmienda que exige una orden judicial para que un proveedor pueda restringir el acceso a Internet. Esta era la posición que había mantenido el Parlamento desde el primer voto del paquete en pleno y a la que renunciaron los negociadores la semana pasada para llegar a un acuerdo con los Gobiernos.
La introducción de esta enmienda rompe el compromiso con los Veintisiete y el objetivo que se había marcado el Consejo y el Parlamento de aprobar la reforma de las telecomunicaciones antes de que se disuelva la Eurocámara.
A partir de ahora se abre un periodo máximo de 8 meses para que los Gobiernos y el nuevo Parlamento que salga de las elecciones de junio traten de alcanzar un nuevo acuerdo en conciliación. Si no se llega a este pacto, la reforma de las telecomunicaciones quedaría enterrada.
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