El Gobierno congela hasta 2012 la luz a grupos desfavorecidos, entre ellos las familias numerosas

Más de 5 millones de hogares no tendrán subidas en su recibo de la luz hasta 2012 gracias a una tarifa reducida o "bono social" al que podrán acogerse aquellos consumidores que presentan más dificultades económicas, una medida que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Esta tarifa reducida se incluye dentro de un Real Decreto-Ley con el que se pretende solucionar el problema del déficit tarifario, la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para hacer frente a los costes, una deuda que el Estado avalará con 10.000 millones de euros.

El Gobierno considera que esta nueva normativa pone fin a un problema histórico, que ponía en riesgo la seguridad del suministro, un aspecto en el que también coincide la patronal del sector, Unesa, que considera que, aunque esta norma no coincide "en todo" con sus objetivos, sí "despeja" el futuro.

Tal y cómo explicó el Ejecutivo, a esta nueva tarifa reducida podrán acogerse los consumidores que tengan en su primera vivienda una potencia contratada de hasta 3 kilovatios (Kw), unos cuatro millones de hogares en total.

Además, podrán solicitar esta tarifa las familias acogidas a la tarifa de último recurso (TUR), que entrará en vigor el próximo 1 de julio, que reciben pensiones mínimas, las numerosas y las que tienen a todos sus miembros en paro, lo que extiende el número de beneficiados a un millón de hogares más.

En total, el número de ciudadanos beneficiados por esta medida se eleva a 14,5 millones.

El bono social, cuyo coste asumirán las compañías eléctricas, cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y la tarifa reducida.

Esta congelación de tarifas para los colectivos con menos recursos se mantendrá hasta 2012, fecha en la que se revisará la normativa aprobada hoy por el Consejo de Ministros.

Las eléctricas asumirán también el coste de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado, lo que asciende a unos 2.700 millones de euros.

Por su parte, el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables- y asumirá de forma gradual los costes de la generación extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), que se elevan a unos 1.300 millones de euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su satisfacción ante esta iniciativa e insistió en que es necesario que haya "un coste cero" en la subida de la luz para estos colectivos.

Asimismo, y por lo que respecta al déficit tarifario, afirmó que de manera consensuada se ha puesto fin a un "problema histórico" que ponía en "riesgo" la seguridad del suministro.

Por su parte, las principales organizaciones de consumidores, Ceacu y Facua, han denunciado la falta de transparencia del "bono social" ya que, en su opinión, el Real Decreto no especifica de qué manera se compensará a los consumidores, al tiempo que dudan que sean más de 5 millones los hogares que tenga contratada una potencia de hasta 3 kw de electricidad.

La patronal eléctrica Unesa ha acogido con "positiva resignación" la norma aprobada hoy por el Gobierno para solucionar el déficit tarifario, ya que no coincide en todo con sus planteamientos, pero "despeja" el futuro.

Considera que el sector deberá afrontar ahora "tres años de esfuerzo importante" para aplicar lo aprobado, pero precisa que lo puede abordar "con la tranquilidad de que el futuro está despejado".

Por su parte, Gas Natural valora que se ponga fin a un "grave" problema que estaban soportando "injustamente" consumidores y empresas, mientras que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) cree que la solución del déficit tarifario "reanimará" la inversión y ayudará a crear empleos.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) también calificó de positiva esta medida ya que tendrá efectos beneficiosos para la actividad empresarial de las pymes y de los empresarios autónomos.

La Federación Estatal de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) aplaude la medida, si bien entiende que las Administraciones tienen que hacer un esfuerzo mayor para aumentar la cobertura a los desempleados y "sumar sinergias" para apoyar a las rentas bajas y medias mediante medidas fiscales y de apoyo social.

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