Objeción al aborto, objeción fiscal, objeción a estudiar Educación para la Ciudadanía y a casar a personas del mismo sexo... La sociedad vive un florecer de las objeciones, pero no existe una ley que regule este derecho constitucional.
Rafael Navarro Valls (Cartagena, 1940), doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y catedrático en la Complutense de Madrid es coautor del libro Las objeciones de conciencia en el derecho español y comparado. Recientemente ha participado en una conferencia organizada por Nuevas Generaciones del PP de Navarra bajo el título el Big-bang de las objeciones de conciencia.
¿A qué le llama usted el big-bang de las objeciones de conciencia?
Igual que los astrónomos saben que de un núcleo pequeño surgió una cascada de estrellas, también en el plano jurídico ha ocurrido que de una objeción de conciencia, que era la del servicio militar, se han ido desgajando en una gran explosión la objeción de conciencia al aborto, la fiscal, a no vestir de determinada formas, a contenidos educativos... es la manifestación de un drama que se va produciendo en el campo jurídico y en el fondo de las conciencias. Es el drama de una ley que te obliga a actuar y de una conciencia que se niega.
Pero no todas las objeciones son equiparables, ¿no?
No son, desde luego, todas iguales. A la objeción de conciencia del aborto yo le llamo objeción de conciencia a la ilegalidad. Los médicos lo que hacen es ponerse a favor de la Constitución y, por tanto, no infringir la ley.
¿Y cómo le llama usted a la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía?
En lo que respecta a Educación para la Ciudadanía ése es un tema que EE UU ya ha resuelto cuando los tribunales han dado la razón al grupo Amish en el derecho de los padres sobre el deber del Estado a imponer determinados contenidos educativos. En España, sin embargo, el Tribunal Supremo ha dado una sentencia ambigua que no ha dejado contento a nadie. Ha obligado a los objetores a entrar en clase, también ha conculcado la libertad de cátedra y los editores no pueden hacer opinión sobre cuestiones controvertidas. Se ha creado tal lío que lo mejor hubiera sido que se hubiera incorporado la asignatura como una materia optativa. Ahora, una nueva sentencia en Zaragoza dice que el Supremo se equivoca y ampara de nuevo a los objetores.
El otro día, a cuenta de la objeción de conciencia al aborto, la consejera de salud navarra decía que se debería regular la objeción por una ley básica (estatal). ¿Por qué no existe aún una Ley sobre objeción de conciencia?
Yo creo que España, salvo Suecia, debe ser uno de los pocos países que no tiene una Ley de Objeción de Conciencia. No se ha visto necesario porque ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha puesto un manto protector sobre los objetores de conciencia creando un marco muy amplio donde se encuentran todos cómodos. Cualquier regulación que se haga desde el poder tenderá a limitar la objeción, lo cual probablemente será inconstitucional. Por eso, creo, los gobiernos no han entrado en este tema.
¿No es partidario entonces de que lo regule la legislación?
El tema de la objeción de conciencia es algo cuya tutela corresponde más a los tribunales que al legislativo. El tribunal es el que mejor puede conocer la situación concreta, mientras que el legislador al imponer algo rígido encorseta la libertad.
¿Pero no nos condena esa falta de concreción legal al albur de lo que las sentencias de tribunales autonómicos y estatales van estableciendo, como en el caso de Educación para la Ciudadanía?
La diferenciación de sentencias en los tribunales regionales es una consecuencia del sistema de pluralidad jurisdiccional en España. Es decir, los Tribunales Superiores de cada región tienen una autonomía. Ahora bien, quien unifica todo es el Tribunal Supremo. Y éste, en cuatro sentencias de hace unos meses ha protegido no a los objetores, sino al Gobierno y, como decía antes, eso está produciendo tensiones. Como siempre que se intenta yugular la objeción de conciencia.
¿Y quién lleva las de ganar?
Con el tiempo la conciencia acaba ganando a la ley, es por lo menos lo que dicta la experiencia en cualquier democracia.
Diariodenavarra.es no se responsabiliza ni comparte necesariamente las ideas o manifestaciones depositadas en las opiniones por sus lectores La discrepancia y la disparidad de puntos de vista serán siempre bienvenidos mientras no ataquen, amenacen o insulten a una persona, empresa, institución o colectivo, revelen información privada de los mismos, incluyan publicidad comercial o autopromoción y contengan obscenidades u otros contenidos de mal gusto.
Diariodenavarra.es se reserva el derecho a decidir las noticias que admiten comentarios de los lectores.
Atención: Tu petición no ha sido procesada correctamente. Comprueba que has rellenado todos los campos obligatorios correctamente y vuelve a intentarlo.
(*) Todas las opiniones que tengan rellenados estos campos pueden aparecer publicadas en el periódico impreso
Rafael Navarro Valls es doctor en Derecho por la UN y catedrático en la Complutense. JOSÉ ANTONIO GOÑI
© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual
