El Ministerio de Trabajo matizó que todavía quedan flecos para concretar esta medida
Los Ministerios de Trabajo y Educación estudian desde hace meses un decreto que abrirá la puerta para que los ciudadanos sin titulación universitaria o sin formación reglada puedan acreditar experiencia en una determinada actividad y mejorar su estatus profesional o acceder al mercado laboral si se encuentran oficialmente desocupados.
El proyecto recibió ayer un importante impulso por parte de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró en El Cairo (donde se encontraba de viaje oficial) que la norma está muy adelantada y que beneficiará sobre todo a las amas de casa cuidadoras de niños o ancianos, a la vez que ayuda a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
Prudencia en Trabajo
Fuentes de Trabajo recomendaron prudencia a la hora de valorar el anuncio de la vicepresidenta. Aseguraron que todavía no está perfilado el soporte jurídico a utilizar, puesto que se trata de "un proceso complejo y complicado" demorado ante el cambio de Gobierno. "El proyecto está vinculado a la modernización de la formación profesional, pero desconocemos cómo y quiénes establecerán los requisitos para acreditar la experiencia. No estamos en disposición de concretar los mecanismos", añadieron. Los portavoces de este Ministerio insistieron en que están pendientes de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales, en su mayoría gremiales, que integran a los futuros titulados.
Fernández de la Vega fue más explícita. La vicepresidenta habló de un inminente decreto a aprobar en mayo, plazo que para Trabajo resulta demasiado precipitado. Incluso adelantó que el número de beneficiarios rondará las 500.000 personas, de las que el 85% serán mujeres con experiencia en el cuidado de dependientes, pero que carecen de formación académica. Para ello, el Gobierno programará cursos de formación que complementarán los hábitos desarrollados durante años sin compensación económica.
El proyecto tiene su origen en la anterior legislatura, en un decreto que regulaba los "certificados de profesionalidad", aprobado por el Gobierno en enero de 2008. El objeto de aquella predisposición era conceder una acreditación a las personas que demostrasen competencias profesionales adquiridas mediante formación o por experiencia laboral. Al menos, el 60% de la población activa (ciudadanos con edad y ganas de trabajar) carece de titulación oficial sobre sus conocimientos laborales.
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Mª Teresa Fernández de la Vega, en El Cairo, donde realizó el anuncio. EFE
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