La principal conclusión es que la Comunidad no ha ordenado, ni amparado, ni conocido seguimientos a cargos públicos
La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid aprobó ayer el dictamen propuesto por el PP -que exculpa al Gobierno regional de responsabilidad-, frente a los informes del PSOE e IU, que señalan a Esperanza Aguirre como "máxima" responsable y exigen el cese del consejero Francisco Granados.
El dictamen del PP, de 62 páginas, fue aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión en la que la oposición volvió a criticar el cierre anticipado de la comisión y el PSOE confirmó que pedirá amparo al Tribunal Constitucional por "vulneración de los derechos de los diputados al impedirse la comparecencia de muchos invitados a declarar".
La principal conclusión del dictamen aprobado es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier persona".
También considera que la comisión de investigación "no tiene elementos de juicio para determinar el origen de las informaciones aparecidas en el El País y "confía en el esclarecimiento de los hechos a través de las actuaciones judiciales en curso".
"El País" como argumento
El PSOE, en cambio, presentó un informe, de 78 folios, que concluye que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, es la "máxima responsable política del asunto.
Los socialistas se basan en las informaciones de El País y en las declaraciones de las víctimas de espionaje para dar por "acreditada la existencia de una o varias tramas de espionaje vinculadas o relacionadas con cargos políticos, de confianza o empleados públicos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior".
También IU concluyó que "ha habido espionaje" y que una "actuación de este calado no se circunscribe al ámbito de una Consejería y no puede hacerse sin el respaldo de la máxima autoridad, la señora Aguirre, que por acción u omisión tiene responsabilidad en todos los hechos que afectan al Gobierno regional".
Para David Pérez (PP) el dictamen del PSOE es una "muestra de su deriva antisistema" y acusa a su portavoz Maru Menéndez de calumniar y mentir y de no probar sus acusaciones y sus mentiras.
El pleno de la Asamblea ratificará el dictamen mañana miércoles, aunque el grupo socialista impugnó el orden del día, mientras que IU y PP intentan adelantar el horario de ese debate.
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Inés Sabanés y Fausto Fernández, diputados regionales de IU. EFE
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