El juez Andreu investigará a 7 militares israelíes

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer investigar la posible responsabilidad penal por "crímenes contra la humanidad" de un ex ministro de Defensa israelí y seis altos cargos militares por el bombardeo que en julio de 2002 acabó con la vida de catorce civiles en la Franja de Gaza. Hacia la medianoche, un avión F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al Daraj, al norte de la Franja.

El ataque selectivo iba dirigido contra la vivienda de un líder de Hamas, que también falleció, y dejó otros 150 heridos, la mayoría con lesiones graves y secuelas permanentes.

La querella fue presentada por el Centro Palestino por los Derechos Humanos, que representa a familiares de seis de los asesinados. Está dirigida contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer, hoy diputado laborista y ministro de Infraestructuras, y alcanza a la cúpula militar israelí en el momento de la masacre, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Moshe Yaalon, y el comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz. La demanda también involucra al entonces primer ministro Ariel Sharón.

Delito contra la humanidad

El magistrado les imputa un delito contra la humanidad por "crímenes de guerra". La demanda por el asesinato de los catorce civiles fue presentada el verano pasado. Entonces, el juez Andreu cursó una comisión rogatoria a Israel para que le informase sobre la existencia en este país de algún procedimiento abierto por estos hechos.

Pero las autoridades hebreas no respondieron. Días después, el Gobierno israelí informó a los presuntos responsables del bombardeo de que no viajaran a España - "ni por trabajo ni por turismo"- por temor a que fueran arrestados y procesados. Si ello ocurría, les advirtieron, se podría generar una grave crisis diplomática entre ambos países.

Ahora, una vez admitida a trámite la demanda, el juez le vuelve a pedir a Israel que notifique en el escrito a los imputados a fin de que sean citados a declarar en una fecha aún por determinar. Además, solicita otra autorización a la Audiencia Nacional para desplazarse a Gaza a tomar declaración a familiares y testigos de las víctimas.

El instructor advierte en el auto de que si en el transcurso de la investigación las pruebas demuestran que la acción respondía a una "estrategia predeterminada" podrían calificarse los hechos de una forma "más grave".