Según el grupo, se cedió al Ejército con una carga modal que al extinguirse obliga a revertir de nuevo la finca al Ayuntamiento
El grupo político de Estella CUE afirma en un comunicado que el Ayuntamiento incurriría en una ilegalidad si compra los terrenos del cuartel del barrio de Lizarra. La alcaldesa, la regionalista Begoña Ganuza, ya hizo público que su oferta a Defensa era de un millón de euros.
En su nota, CUE recuerda que a comienzos del siglo XX el Ayuntamiento donó la finca para que pudiera construirse allí un cuartel. Hace quince años, se desmanteló el acuartelamiento y en el 2002 Defensa cedía el terreno durante 99 años para usos dotacionales. "En este proceso, el Ayuntamiento preocupado por defender su patrimonio encargó un informe a un prestigioso abogado de la ciudad en el que indicara de quién era la propiedad de los terrenos del cuartel. Dicho informe tiene que estar en el archivo del ayuntamiento. Allí se decía que los terrenos fueron cedidos con un fin claro e indiscutible como era la construcción de un cuartel militar, y no para cualquier otra cosa. Se establecía que había una carga por ser una donación modal. Por lo tanto el Ayuntamiento está en su derecho y obligación de realizar un proceso para que los terrenos del cuartel (...) reviertan a la propiedad municipal", dice CUE.
Al respecto, aportan dos precedentes; uno en Estella, con la venta de las casas de los militares por las que tuvieron que abonar al Ayuntamiento el precio actualizado de los dos solares -"estos expedientes se encuentran en el archivo municipal", afirma CUE- y otro en Lugo donde el Tribunal Supremo creó jurisprudencia al revertir los terrenos al Ayuntamiento por establecerse en su anterior cesión una carga modal, como en la ciudad del Ega, la de construir un cuartel.
"Por todo ello, CUE insta a la alcaldía y al secretario del Ayuntamiento de Estella que paralicen cualquier intento de compra de unos terrenos que no pertenecen al Ministerio de Defensa (...) Se advierte además de que proseguir con la supuesta compra podría ser considerado un delito de estafa según el artículo 251 del Código Penal".
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