El consejero Carlos Esparza presentó el plan y destacó que en Navarra el fraude en el uso de la VPO "es pequeño"
El consejero de Vivienda, el convergente Carlos Esparza, anunció ayer que durante 2009 y 2010 el Gobierno navarro inspeccionará el uso de más de 1.200 viviendas protegidas al año. El objetivo es asegurar que los pisos se destinan a domicilio habitual y permanente y que en ningún caso son una segunda residencia o permanecen desocupados.
De esas inspecciones, 1.000 se efectuarán mediante el control de los consumos de agua, luz, gas y otros suministros. Los criterios preferentes a la hora de determinar esas viviendas objeto de control serán que estén en Pamplona y comarca; promovidas sobre suelo público; pisos cuyos titulares hayan recibido ayudas económicas; y aquellas con más de un año transcurrido desde su calificación definitiva.
El resto de las inspecciones, unas 200 anuales, serán visitas in situ de la Policía Foral para comprobar si la ocupación o el alquiler se ajusta a la ley. Se centrarán en casos denunciados o en aquellos en los que la Administración tenga dudas sobre su ocupación. Además, los agentes también visitarán el 100% de las viviendas cuyos adjudicatarios hayan sido sancionados en el pasado.
Por otra parte, se comprobará la ocupación de viviendas de rehabilitación protegida. Habrá unos 500 controles al año, y también se comprobará el consumo de agua, luz y gas.
El incremento de las inspecciones del uso y destino de los pisos de protección es una de las novedades del Plan de control e inspección de vivienda 2009-2010 que ayer presentó Carlos Esparza. Un plan que recoge varias medidas acordadas con el PSN en el pacto social por la vivienda. Contempla también las actuaciones de inspección que se realizan en otros tres campos: la edificación de viviendas (libres, protegidas y rehabilitadas); el sistema de adjudicación de los pisos protegidos; y la transmisión y cesión de viviendas protegidas (se comprobará el 100% ).
El consejero, no obstante, destacó que el fraude en el uso de las viviendas protegidas "es pequeño". "La inmensísima mayoría de las viviendas protegidas en Navarra están ocupadas", aseguró.
Ninguna expropiación de VPO
El adjudicatario de una vivienda protegida debe ocuparla en un plazo máximo de 6 meses desde que le entregan las llaves, en el caso de compra, y de 3 meses, en el del alquiler. Si sobrepasa ese plazo en menos de un año, comete una infracción leve (multa de entre 300 y 3.000 euros); si lleva un año o más sin habitar la vivienda, la falta es grave (sanción de entre 3.001 y 30.000 euros).
No superar una primera y una segunda inspección supone una multa. A la tercera, el adjudicatario perdería la vivienda. El Gobierno se la compraría al precio en el que esté el módulo ese año y sería adjudicada a otra persona.
Desde 2002, año en el que comenzaron los controles de residencia, no se ha expropiado ninguna vivienda. El motivo es doble, explicó Esparza. Primero, la ley es relativamente reciente, de 2004, y para las tres inspecciones deben pasar una serie de plazos. Pero la razón principal es que con el primer expediente sancionador "prácticamente todo el mundo pasa a ocupar la vivienda".
El consejero avanzó que en la futura ley de vivienda que tendrá Navarra se va a reducir el número de requerimientos de ocupación necesarios para expropiar el piso protegido. Se prevé que si se detecta que un piso no se ha ocupado en el plazo legal y ha pasado más de un año, se abriría un expediente sancionador. Si en un mes siguiera desocupado, la vivienda se expropiaría.
Por otro lado, al margen de las VPO, la futura ley también abordará el problema de los pisos vacíos. Por ejemplo, se intentará incrementar las ayudas para rehabilitación de viviendas en zonas especialmente deterioradas, como el Casco Viejo y Segundo Ensanche de Pamplona, en función de que esos pisos estén en la bolsa de alquiler.
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