El servicio jurídico del Estado ha recibido ya instrucciones para explorar las posibilidades ante partidos ilegalizados
El Gobierno renuncia a intentar la disolución inmediata de los ayuntamientos gobernados por ANV. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, alegó ayer que con la actual legislación resulta "prácticamente imposible" sacar a la formación ilegalizada del gobierno de las corporaciones locales.
La única forma de lograrlo, dijo, es una nueva reforma legislativa sobre la que ya se están trabajando los servicios jurídicos del Estado y con la que se pretende impedir que miembros de un partido ilegalizado puedan "gobernar" un municipio.
El Ejecutivo respondió así a la petición del PP para que se aplique el artículo 61 de la Ley de Régimen Local, que prevé la disolución de corporaciones que hagan una gestión "gravemente dañina para los intereses generales", en especial, cuando "den cobertura de forma reiterada y grave al terrorismo".
Abogacía del Estado
La negativa de los concejales y el alcalde de ANV a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uría ha encendido de nuevo un debate que ya se dio tras el asesinato de Isaías Carrasco en Mondragón.
Una cosa, según señalan fuentes gubernamentales, es actuar contra ayuntamientos concretos y es posible que se haga sin esperar a la futura reforma de la ley. La vicepresidenta lo dejó entrever al asegurar que se explorarán todas las posibilidades que la norma brinda en este momento.
Pero lo que se descarta es intentar sacar de una sola tacada a ANV de todos los consistorios en los que gobierna.
La Abogacía del Estado elaboró el mes pasado un informe en el que concluyó que la exigencia de presentar pruebas de que el apoyo al terrorismo se produce de forma "grave y reiterada" (como marca la ley) impide una actuación indiscriminada.
La disolución no es, por otro lado, la única medida de exclusión de ANV que el Ejecutivo ha desechado. Tampoco se privará a los ayuntamientos gobernados por la formación ilegalizada de los fondos para obras locales dentro del plan contra la crisis.
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