Hay dos detenidos que presuntamente realizaron estafas inmobiliarias a unos 200 inversores, la mayoría británicos
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga inició el pasado miércoles una operación en la que se ha desarticulado una red organizada que presuntamente habría estafado más de 65 millones de euros a unos 200 inversores no residentes en España, la mayoría de ellos ciudadanos británicos.
Durante la operación, denominada Fuentespino, los agentes arrestaron a dos personas y practicaron seis registros en la provincia de Málaga, principalmente en la zona de Fuengirola y Mijas, y dos de los registros se practicaron en despachos de abogados de ese partido judicial.
La investigación se inició hace dos años cuando se descubrió una trama dedicada a captar capital privado de personas que no residían en España a cambio de participaciones en sociedades radicadas en nuestro país, supuestamente dedicadas a ejecutar proyectos inmobiliarios.
El sistema de engaño utilizado consistía en adquirir una serie de fincas rústicas, mediante una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, que eran asociadas a una serie de empresas mercantiles españolas, mediante su aportación al capital social de las mismas.
Fincas sobrevaloradas
Sin embargo, las fincas eran sobrevaloradas de forma ficticia, consiguiendo así detentar unas sociedades que aparentan estar respaldadas por un capital social elevado.
A los potenciales inversores se les ofrecía adquirir participaciones sociales de estas empresas, que se inscribían en el registro mercantil con un capital importante, aunque ficticio, ya que las fincas aportadas a su capital social habrían aumentado su valor en más de diez veces su precio de compra.
Para la representación legal, tanto en la compra de las fincas como en la venta de las participaciones, la red organizada utilizó los servicios de dos despachos de abogados que representaban a los compradores extranjeros en los actos notariales y en otros trámites.
Las diligencias practicadas han permitido hasta el momento la incautación de gran cantidad de documentos, tanto en soporte informático como en papel.
También se intervinieron diversos vehículos y se procedió a dar orden de bloqueo sobre distintas cuentas bancarias, así como el embargo preventivo de varias propiedades inmobiliarias ubicadas en las provincias de Málaga y Granada.
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