"Denunciar la extorsión es un riesgo, aunque Garzón, con sus escoltas, no lo vea"
En marzo de 2004 les llamaron a declarar ante la policía y el juez acusados de "colaborar" con banda armada por realizar presuntos pagos a ETA, según se deducía de documentos incautados a los terroristas. Desde entonces, y durante cuatro años y medio, seis ex consejeros y directivos de Azkoyen, empresa multinacional con sede en Peralta, han vivido pendientes de la palabra de un juez para saber si les encausaban o les exculpan de un posible delito.
El pasado viernes, Garzón dictó el auto que pone fin a la instrucción del caso donde ha investigado el aparato de extorsión de ETA. Y les sienta a los seis en el banquillo, junto a su intermediario, otros dos empresarios navarros, y quince terroristas y miembros de la red de cobro de ETA. El abogado pamplonés Eduardo Ruiz de Erenchun representa a cuatro de los procesados. A los otros dos les defiende Francisco Lara. Les acusan de no denunciar que ETA les estaba amenazando. La omisión del deber de denunciar un delito.
¿Ha podido hablar con sus defendidos?
Por teléfono. Esta semana nos reuniremos para hablar de las posibles consecuencias del auto, el camino procesal que se abre y los recursos que vamos a presentar.
¿Cómo han encajado ellos el auto de procesamiento?
Mal. Lo que más les indigna, y a mí también, es que se lleve en un mismo procedimiento a los terroristas que han estado haciendo el chantaje y la extorsión, y se pretenda sentar en el mismo banquillo a las víctimas. Es una auténtica aberración jurídica. Vamos a pedir que la causa se divida y, por un lado, vayan los acusados de pertenencia a banda armada, y por otro, las personas a las que implícitamente se les achaca la condición de víctimas.
¿Cómo han vivido estos cuatro años sus representados?
Con resignación. Y porque no queda otro remedio. Intentan en el día a día no llevar esto a la cabeza. Pero es inevitable. Han estado con la incertidumbre de si el asunto se archivaba o no. Además, ha habido diferentes periodos políticos en estos años, como la entrecomillada "tregua", que han podido influir.
Y a nivel jurídico ¿qué ha ocurrido en este tiempo?
Hubo una primera etapa de secreto de sumario hasta 2006. Se levantó y tuvimos acceso a toda la información. Presentamos multitud de escritos y recursos, algunos de los cuales ha surtido efecto, porque ha desaparecido la imputación inicial que se les hacía de colaboración con banda armada y se ha quedado reducido al hecho de no haber denunciado. También, les devolvieron la fianza hace años y les eximieron de la obligación de comparecer mensualmente ante el juez.
¿Qué doctrina hay sobre el tema?
Dos sentencias del Tribunal Supremo de casos similares, de julio y de diciembre de 1994, que dicen claramente cómo el empresario que es víctima de extorsión nunca puede ser un colaborador.
En cambio, a dos socios de otra firma, sí les acusa de "colaboración".
Parece que les imputan que el pago fue voluntario. En nuestro caso, hemos aportado seis o siete cartas en las que ETA dejaba ya claro que eran objetivo militar.
¿Qué opinión le merece el auto?
Me parece muy discutible la interpretación que hace del artículo 450 del Código Penal. Obliga a los ciudadanos a denunciar un delito, pero siempre y cuando, y es lo primero que dice, sea "sin riesgo propio o ajeno". Es absolutamente incorrecto decir que un empresario extorsionado por ETA tiene que denunciar la extorsión porque esa denuncia no le supone ningún riesgo. Es posible que un magistrado como él, que está rodeado de escoltas hasta para ir a una zapatería, considere que no haya ningún tipo de riesgo. Pero cualquier persona que viva en País Vasco o Navarra sabe perfectamente que tiene riesgos el no pagar, y mucho más si se denuncia a la policía. Yo he acudido con otros empresarios a denunciar y lo primero que hace la policía es garantizar la absoluta confidencialidad de la denuncia, porque es consciente de que hay más riesgo. Si el Estado pusiera escolta a todos los empresarios y directivos y vigilara todas las sedes empresariales, sí podríamos decir que no hay riesgo. Pero eso no es así. Se pone escolta a los políticos, a los jueces... Pero el empresario extorsionado está solo.
¿Qué otros argumentos tiene para proteger a sus defendidos?
Vamos a estudiar si este delito, como ya no es terrorismo, sería o no competencia de la Audiencia Nacional. Y la posibilidad de que hubiera prescrito porque es una pena de multa, no de prisión. Solo es prisión cuando el delito no denunciado es "contra la vida".
¿Cuál sería la fecha de prescripción? ¿la del pago en 2001?
Esa es la discusión. Si el plazo para la prescripción empieza el día de pago o el día que se recibe la última carta, que es cuando se consuman las amenazas. En este último caso, habría prescrito.
¿Qué explicación dieron sus defendidos sobre por qué pagaron?
Que era una empresa absolutamente vulnerable, con delegaciones en España y el extranjero, y que tenían auténtico pavor a algún tipo de acción de ETA. Además, al poco de recibir la última carta, asesinaron, en agosto de 2000 a José María Korta, el presidente de los empresarios guipuzcoanos.
¿Quiere decir que no era tanto un temor personal, sino por los bienes de la empresa?
El miedo no era tanto por ellos mismos. Si ellos hubieran recibido la carta a nivel particular, probablemente no habrían hecho ni caso. Pero las cartas se dirigían a Azkoyen. El miedo que tenían era que algún trabajador pudiera morir con alguna bomba o algún atentado, aunque ETA buscara sólo daños materiales.
Es la primera vez que sienta a empresarios en el banquillo por pagar a ETA. ¿Cree que se busca algo ejemplarizante con ello? ¿Que otros empresarios se lo piensen más antes de pagar?
Efectivamente. Si un empresario tenía hasta ahora el terrorífico dilema moral de tener que poner, por un lado, los bienes y las personas de la empresa y, por otro, que con el dinero que pague se puedan realizar atentados, ahora, a esto último, se añade también la posibilidad de sentarse en el banquillo. Garzón no tiene ni una sentencia del Supremo que apoye la tesis que está manteniendo. Es más, lo que hay es en contra. Pero como ya dejó escrito en su primer libro que a él lo que le gusta es ir "al límite de la ley", lo tenemos que tomar así. Aunque es un trago francamente duro.
También llama la atención que los ocho empresarios encausados sean navarros, cuando cabría presumir que la presión etarra sea mayor en otros lugares como Guizpúzcoa.
Encausados ha habido muchísimos, pero se han dejado fuera. La inmensa mayoría lo que ha hecho es negar que hayan pagado. Los de Azkoyen reconocieron el pago. Creo que la explicación va más por ahí. Aparte de que un macroproceso a doscientos empresarios sería inasumible, hoy por hoy, para la Audiencia Nacional.
Pero seguramente, aunque lo negaran, habría otros recibos de pago en las cuentas de ETA...
Lo que pasa es que la palabra del terrorista o el documento que se le haya incautado es muy endeble. La credibilidad es mínima. Por eso, no a todo el que han cogido un recibo de ETA, le han acusado.
¿Cómo cree que terminará esto?
Estoy plenamente convencido de que al final la sentencia será absolutoria. Lo que pasa es que, como se dice, la "pena" de estar en el banquillo ya es un daño irreparable, y el ser sometido al interés mediático y ver constantemente aparecer tu nombre vinculado a esto. También es indignante que, en el caso de Azkoyen, se recoja en el auto que hubo dos personas en el consejo de administración que se opusieron al pago porque los está señalando respecto a ETA. Es una auténtica imprudencia por parte de Garzón.
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