El magistrado ve indicios de delito en seis antiguos responsables de Azkoyen y dos socios de Azysa por efectuar pagos a ETA
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó ayer el procesamiento de 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA y retiró la imputación a otras diez, entre ellas al dirigente del PNV Gorka Aguirre y al ex director de Eginy de Diario de Noticias, Pablo María Muñoz.
Con su auto, el magistrado dio por concluidos ocho años de investigación sobre el aparato de extorsión de la banda. Entre los 24 imputados se encuentra Joseba Imanol Elosúa, dueño del bar Faisán de Irún en el que supuestamente se cobraba el impuesto revolucionario, catorce presuntos miembros de la banda terrorista, dos personas que actuaron como intermediarios y ocho directivos de dos empresas navarras.
Garzón archiva la causa contra Aguirre al entender que, "a pesar de que ha mantenido una amplia relación a través de encuentros en diversos lugares y conversaciones con el dueño del bar Faisán de contenido aparentemente críptico e incriminatorio", su imputación se "ha desvirtuado" gracias a la declaración de la veintena de testigos promovida por su defensa.
Íñigo Urkullu, Xabier Arzalluz y Joseba Egibar declararon en mayo pasado que su compañero de partido tenía la misión de informar a la dirección del PNV de los movimientos que realizaba la banda, ya que tenía muchos contactos en este mundo gracias a sus años de exilio en Francia.
En cuanto a los procesamientos, Garzón imputa a Elosúa por un delito de integración en organización terrorista y amenazas terroristas, al considerar que su establecimiento era utilizado por el aparato de extorsión de ETA para "canalizar las distintas remesas de cartas de extorsión" que la banda enviaba a empresarios del País Vasco y Navarra. Allí se efectuaban los pagos y cobros del impuesto revolucionario.
Además, el juez considera acreditado que mantuvo reuniones con integrantes de la banda para gestionar pagos y que participó como intermediario en la extorsión sufrida por varios empresarios.
Dirigidos por Amboto
El juez imputa estos mismos delitos de integración en organización terrorista y amenazas a la dirigente etarra María Soledad Iparraguirre, Amboto; Iñaki Arietaleaniz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Kikitza Gil de San Vicente, Zigor Merodio, Ramón Sagarzazu y al ex parlamentario de Euskal Herritarrok Jon Salaberria.
Entre los procesados se encuentran seis directivos de Azkoyen, que entre 1995 y 2001 habría pagado a la banda un total de 37 millones de pesetas. A los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, de la empresa Azysa, les acusa de haber pagado 54.000 euros a ETA con «carácter voluntario».
Los otros procesados son Juan José Arruti, Jean Piere Haracorene, Alfonso Martínez de Lizarduy, Emilio Castillo -delitos de colaboración y amenazas-, José Carmelo Luquin, Ignacio Aristizabal, Jesús Iruretagoyena -colaboración con banda terrorista-.
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