Un acusado reconoce el desvío de dinero público de Marbella a cuentas privadas

Juan Antonio Roca, uno de los seis acusados de la "operación Saqueo". EFE

Eduardo Gonzálvez, uno de los seis acusados en el caso Saqueo por el desvío de 36 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre 1991 y 1995, reconoció ayer que ingresó dinero del erario municipal en la cuenta de la esposa de José Luis Jiménez, imputado en la causa que falleció en 2005.

Así lo manifestó durante su interrogatorio en el juicio que empezó a celebrarse ayer en la Audiencia Nacional después de que este tribunal rechazara abstenerse de juzgar este caso en favor del Tribunal de Cuentas, tal y como habían solicitado en las cuestiones previas la mayoría de los acusados, entre ellos el ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca.

Desvío de fondos

La Fiscalía Anticorrupción, que pide penas de entre 8 y 10 años de prisión para los acusados, sostiene que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL) los acusados decidieron desviar, desde el Ayuntamiento o desde sus propios cargos en las sociedades municipales que crearon para ello, los fondos públicos del municipio "en su propio beneficio o en el de terceros".

Gonzálvez, empleado de la sociedad municipal Contratas 2000, explicó que, pese a que era administrativo contable, no se encargaba de la cuentas y dijo que él hacía anotaciones en los libros sobre las operaciones del "día a día", ya que la empresa tenía una "contabilidad primaria".

A preguntas de la fiscal Belén Suárez, reconoció que de 1991 a 1995 realizó diversos ingresos del dinero que enviaba el consistorio marbellí para gestionar la actividad de la sociedad municipal, en la cuenta bancaria de la también acusada Purificación Notario, esposa de Jiménez, que era el gerente de Contratas 2000 y fue estrecho colaborador del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido.

"Yo era el último de la fila"

El motivo para realizar esta operación, que califcó de "normal", era -según dijo- que Jiménez les había hablado de la posibilidad de que embargaran las cuentas y para que, "al menos el dinero de los sueldos de los empleados" no se perdiera, les había ordenado que los ingresos se efectuaran en la cuenta de su esposa, desde la que también se realizaban pagos de facturas. "Yo era el último de la fila", respondió al ser preguntado por la fiscal si los datos que él anotaba eran "manipulados" por alguien, y, en concreto, por el cierre de 1992, en el que aparecían ingresos por un valor de 4.200 millones de pesetas y, tras el pago de las nóminas, quedaba un fondo de provisión de 2.439 millones, una cifra que, según el Ministerio Público, no se corresponde con los 63 millones que el acusado anotó en los libros de contabilidad.

Sobre el dinero que cobró mediante cheques de las cuentas de la sociedad municipal, el acusado relató que "en el 99% de los casos era para pagar las nóminas".

Gonzálvez, que se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel, aseguró que en Contratas 2000 no había contabilidad B (dinero negro), pero no explicó por qué aparecía su firma en unos documentos mostrados en la vista en los que constaban ingresos en A y en B.