Garzón se niega a tramitar el recurso de la Fiscalía contra la causa del franquismo

El juez Baltasar Garzón dirigiéndose a la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. EFE

El juez Baltasar Garzón ha abierto un conflicto sin precedentes en la Audiencia Nacional en un intento a la desesperada de defender la investigación penal abierta por los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura militar.

Garzón se negó ayer a tramitar el recurso de apelación en el que el fiscal pide a la Sala de lo Penal que ponga fin al proceso. Maniobra inusitada y que puede resultar baldía, porque la Fiscalía había previsto la triquiñuela y, horas antes, había movido ficha: puenteó al juez e hizo llegar su recurso al tribunal, cuyos magistrados estudian ya el conflicto.

En esta guerra no caben armisticios, y la "causa general" contra el franquismo tiene los días contados, según fuentes judiciales.

El fiscal jefe Javier Zaragoza ya había anunciado el pasado lunes su intención de recurrir a medidas extremas con tal de acabar con la "inquisición general" que, en su opinión, dirige el juez Garzón contra el franquismo en flagrante oposición a los principios constitucionales que rigen el proceso penal español.

Decisión firme y sin recurso

Su campo de batalla, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en pleno, dada la trascendencia del asunto; y su arma, el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), que establece que "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".

La sala, una vez estudie el caso, resolverá "de plano" por lo que su decisión será firme y sin posibilidad de recurso posterior.

El proceso penal español obligó al fiscal a presentar el recurso ante el propio Garzón, que debería haberlo elevado a la sala para su resolución. Pero el juez se negó ayer con un argumento alambicado: la Fiscalía recurre una decisión, la competencia para investigar, adoptada cuando la causa se instruía como diligencias previas, pero después fue reconvertida en sumario, lo que hace insoslayable empezar por el recurso de reforma, que debe resolver él mismo.