El hombre, de 44 años, fue arrestado este lunes en la calle Leyre
Un hombre de 44 años, detenido por falsificar una tarjeta de residente para aparcar su vehículo en la zona azul de Pamplona, ha sido condenado a 4 meses de prisión y a pagar una multa de 720 euros como responsable de un delito de falsedad en documento oficial. Según ha informado hoy el consistorio pamplonés en una nota, la Policía Municipal detuvo este lunes hacia las 14 horas en la calle Leyre a R.A.E.S., de 44 años, acusado por un presunto delito de "falsedad documental".
Los hechos se conocieron en un control rutinario de tarjetas de residente sobre las 13.15 horas, cuando un agente de la Policía Municipal observó un vehículo Toyota estacionado en un lugar prohibido por reserva de obras en la calle Leyre.
El agente solicitó a través de su emisora los datos del vehículo para que fuese retirado del lugar en que se encontraba, puesto que tenía colocada una tarjeta de residente del sector uno.
Tras consultar la base de datos se comprobó que el referido vehículo no poseía tarjeta de residente para el año 2008, ya que causó baja en el domicilio que tenía hasta el año 2007, cuando sí tuvo concedida tarjeta de residente.
Mientras el agente realizaba un informe fotográfico del hecho, se personó en el lugar el propietario del vehículo que, tras ser preguntado, manifestó tener su domicilio fuera de Pamplona, y su lugar de trabajo en las proximidades del lugar de los hechos, manifestó que la tarjeta de residente que portaba el vehículo "estaba falsificada", y explicó con todo detalle cómo se había llevado a cabo la falsificación.
El vehículo Toyota fue retirado por una grúa y su propietario, detenido y trasladado a dependencias de Policía Municipal, donde se instruyeron diligencias.
Esa misma tarde, tras celebrarse un juicio rápido, la autoridad judicial condenó a esta persona como autor penalmente responsable de un delito de falsedad en documento oficial, con una pena de 4 meses de prisión, accesorias legales y 120 euros de multa.
En el mismo acto la autoridad judicial acordó la suspensión condicional de la condena por un plazo de dos años, apercibiendo al acusado de que en dicho plazo no debe cometer ningún delito, pues ello supondría la revocación de la suspensión.
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