El Gobierno critica el paro de los secretarios judiciales

Juana Gálvez, secretaria judicial condenada a dos años sin empleo y sueldo por el "caso Mari Luz". EFE

Las protestas de jueces y secretarios judiciales por las sanciones impuestas a raíz del caso Mari Luzy las "presiones políticas" en torno a este asunto paralizaron ayer la actividad de los tribunales y elevaron el clima de tensión entre estos sectores y el Gobierno, que les acusa de "corporativismo".

Así, si desde el ámbito judicial se denuncia la "injerencia" de los políticos por reclamar un aumento del castigo al juez Rafael Tirado -multado con 1.500 euros por no ejecutar una sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de Mari Luz por abusar de su hija-, el Ejecutivo dice que son los jueces los que "presionan" al Poder Judicial, que debe revisar el caso, para que no lo haga.

En la Administración de Justicia hay "un movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad", declaró el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que advirtió a los participantes en las protestas: "si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de Derecho, si hay una negligencia tan grave, funcionan los mecanismos y se sanciona".

Éxito del paro

Justicia no discute el éxito del paro de tres horas de los secretarios judiciales y cifra en un 73,2 % su seguimiento, mientras que las asociaciones que representan a este colectivo afirman que más del 90% de los convocados se sumó a la protesta.

Especialmente significativo, según las cifras facilitadas por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), fue el seguimiento en Sevilla, donde está destinada Juana Gálvez -suspendida de empleo y sueldo por dos años a raíz del caso Mari Luz- y donde sólo 6 de los 288 secretarios judiciales que allí trabajan no han secundado el paro.

En un comunicado conjunto leído frente a todas las sedes judiciales al término del paro, el CNSJ y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales acusaron al Ministerio de Justicia de encubrir la ausencia de reformas modernizadoras con la sanción a su compañera y denunciaron que la verdadera causa de lo ocurrido es la insuficiencia de medios. Los secretarios han anunciado nuevas movilizaciones.

La celebración de estas juntas, que el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha llegado a calificar de "huelga encubierta", terminó con la aprobación de unos acuerdos en los que, además de reclamar más medios humanos y materiales, los magistrados denunciaron las presiones políticas que en su opinión sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el Tribunal Supremo 46 magistrados de todas las tendencias ideológicas suscribieron un manifiesto en el que tildan de "intolerables" e "inaceptables" las manifestaciones "de relevantes sujetos públicos" y piden al CGPJ que no atienda a las demandas de una sanción "ejemplarizante" para el juez Tirado.