Pamplona recurre la resolución de Instituciones Penitenciarias sobre la nueva cárcel

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado recurrir la resolución de Instituciones Penitenciarias sobre la nueva cárcel que está previsto construir en la capital navarra. El Ayuntamiento de Pamplona alega que sigue sin conocer el proyecto del Ministerio del Interior, lo que entiende que es motivo de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El recurso se dirige contra la resolución del 7 de julio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que descartó la petición del Ayuntamiento de Pamplona de retrotraer el expediente de la nueva cárcel al momento de expropiación de los terrenos necesarios para su construcción.

Frente a esta resolución, el Consistorio entiende que desconoce el proyecto y que éste además se sustrajo del trámite de información pública, como es preceptivo.

Argumenta así que las recientes actuaciones de la Administración del Estado, "informando al Consistorio sobre las alegaciones interpuestas y enviando a Pamplona el acuerdo de aprobación de la expropiación por procedimiento de urgencia", han sido efectuadas "de manera extemporánea y no se pueden convalidar", además de que la urgencia "no tiene suficiente fundamentación".

Y en este sentido el Ayuntamiento de Pamplona argumenta que una declaración de urgencia requiere que la decisión se deba a circunstancias excepcionales y que esté debidamente motivada en el acuerdo.

Sin embargo, subraya el Consistorio, en la resolución estatal "la necesidad de plazas penitenciarias no se vincula específicamente a la ciudad", y los terrenos afectados son "no urbanizables" según el Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona y "gozan de un régimen de protección medioambiental".

Por eso los servicios jurídicos municipales indican que para que el Estado pueda modificar el planeamiento es necesario que sea con motivo de una obra pública de interés general y a través de un "estricto procedimiento" que en este caso no sólo "no se ha cumplido" sino que ha habido "una omisión absoluta del procedimiento establecido".

Y precisa en este sentido que "no se ha sometido el proyecto a la consideración del Ayuntamiento contra el principio de seguridad jurídica que debe regir en toda expropiación" y que además la ley determina que los casos de discrepancia se intenten resolver por acuerdo y, si éste no es posible, mediante una adecuación del planeamiento, para lo que también se necesitaría conocer el proyecto "para poder modificar el instrumento urbanístico y valorar sus consecuencias en el orden ambiental".