Las tarifas reguladas desaparecen en enero y la luz puede subir hasta un 20%

Imagen de una mujer en una cocina preparando la comida. DDN/ARCHIVO

El próximo 1 de enero desaparecerán las tarifas reguladas en el suministro de electricidad, un sistema intervenido por el Gobierno que impide a los operadores fijar el precio del recibo a los hogares y pymes (más de 350.000 en Navarra). En el sector eléctrico se da por hecho que el fin de la tarifas reguladas y su liberalización supondrá en la práctica un aumento del recibo de la luz.

De hecho, las grandes eléctricas ya han señalado que para no seguir cobrando por debajo de sus costes los nuevos precios deberían incrementarse, como mínimo, un 20%.

Hace unos días, la Comisión Nacional de Energía (CNE) pidió al Ministerio de Industria subidas a partir de octubre de entre el 2,8 y el 10,4%. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que no habrá más subidas este año, un ejercicio en el que la factura de la luz se ha elevado en más de un 11% en enero y julio.

Tarifa de último recurso

La Ley del Sector Eléctrico establece que a partir del 1 de enero de 2009 el suministro de electricidad pasa a ser ejercido en su totalidad por los comercializadores en libre competencia y son los consumidores quienes deben elegir libremente a su suministrador. Con esta liberalización, España se adelanta un año al cumplimiento de una directiva de la Unión Europea que ordena una convergencia paulatina para crear un mercado europeo de la electricidad. El adelanto responde a la necesidad de España de corregir el déficit tarifario de la luz (diferencia entre lo que se paga por la electricidad y lo que cuesta producirla y llevarla hasta el consumidor).

Para proteger a los consumidores domésticos, que tiene menor capacidad de negociación con las compañías, el Gobierno creará la tarifa de último recurso (TUR). Se trata del precio máximo que podrán cobrar los comercializadores a los hogares. Este precio máximo será aprobado a finales de año en una orden del Ministerio de Industria y será el mismo para todo el territorio nacional.

El director de relaciones externas de la Comisión Nacional de Energía, Rafael Durban Romero, explica que los consumidores recibirán una carta antes de fin de año. En ella, se informará que si quieren acogerse a esta tarifa de último recurso (precio máximo regulado) su contrato se transferirá de forma automática a la comercializadora de la misma distribuidora que le esté proporcionando la electricidad hasta el momento.

Si una persona no desea acogerse a esta tarifa de último recurso, deberá elegir una oferta en el mercado libre y firmar un contrato con una comercializadora antes del próximo 1 de enero. "Se crea una doble opción de suministro: seguir con un suministrador a precios regulados (tarifa de último recurso) o bien ir al mercado libre y buscar la oferta que mejor se adecue a las necesidades de un hogar", expone Durban.

El Gobierno deberá delimitar y definir antes de fin de año la nueva figura de la tarifa de último recurso. Desde la Comisión Nacional de la Energía explican que esta tarifa está ideada por la Unión Europea como algo "excepcional", para proteger a aquellos usuarios más desprotegidos. "Por ejemplo, personas mayores o personas que viven en un pueblo al que no llegan ofertas atractivas de los operadores libres". Sin embargo, el Gobierno español ha planteado esta figura para todos los hogares, lo que podría ser rechazado por la UE.

La subida del recibo de la luz en enero por la desaparición del sistema de tarifas regulado avivará la competencia entre las comercializadoras de electricidad con el fin de captar al mayor número de clientes. Según han señalado directivos de las grandes eléctricas, las nuevas tarifas del mercado libre se intentarán situar por debajo de la tarifa de último recurso.

Una de las cuestiones que aún no está clara es cómo se casará la tarifa de discriminación horaria, que arrancó el pasado 1 de julio, con el precio máximo de la tarifa de último recurso. Desde las eléctricas no responden, aunque desde la Comisión Nacional de la Energía aseguran que la tarifa de último recurso y la de discriminación horaria son "compatibles".